30 oct 2026

Pastoral Indígena denuncia atropellos de fuerzas públicas y civiles en comunidad Tekoha Yapo

La Pastoral Indígena Espíritu Santo de Canindeyú emitió un categórico comunicado en el que condena la violencia sistemática contra la comunidad Tekoha Yapo. Denuncian la presunta ejecución de un líder y un docente, el uso intimidatorio de helicópteros militares sobre escuelas y la complicidad estatal en favor de intereses privados por un territorio de más de 11.000 hectáreas.

atropello.jpg

La Pastoral Indígena Espíritu Santo exigió el esclarecimiento urgente de la muerte del líder Antonio Carrillo y el maestro Catalino Correa.

Captura de video.

La Pastoral Indígena Espíritu Santo, dependiente de la Congregación Misionera Siervas del Espíritu Santo con sede en Nueva Esperanza (Canindeyú), hizo público un comunicado en el que expresa su profunda indignación ante los continuos atropellos sufridos por los miembros de la comunidad indígena Tekoha Yapo. El pronunciamiento señala directamente a civiles armados y a efectivos de las fuerzas públicas de avalar un supuesto esquema de expulsión territorial.

De acuerdo con el documento institucional, los ataques se llevan adelante bajo la excusa oficial de operativos de seguridad, pero en la práctica buscan desplazar a los nativos de su territorio ancestral y legalmente constituido. Las tierras de Y’apo abarcan una superficie de 11.098 hectáreas, demarcadas y amojonadas por el propio Estado paraguayo, que actualmente son pretendidas por la firma denominada Estancia Americana.

La organización pastoral recordó los hechos ocurridos el pasado 14 de agosto, fecha en la que, según la denuncia, civiles armados apoyados por fuerzas públicas ingresaron de forma violenta y sin orden judicial al asentamiento. En dicha ocasión, el líder indígena Antonio Carrillo y el maestro Catalino Correa fueron convocados a concurrir a la Estancia Americana y, posteriormente, hallados muertos.

Según la denuncia, el hecho fue presentado inicialmente por las autoridades bajo la versión de un supuesto enfrentamiento, hipótesis que es fuertemente cuestionada por la comunidad y las organizaciones religiosas, que reclaman una investigación imparcial y el esclarecimiento total de lo que califican como una ejecución brutal.

Asimismo, el comunicado advierte sobre la preocupante convivencia entre las fuerzas públicas y civiles armados de nacionalidad paraguaya y brasileña instalados en la misma estancia, desde donde se habrían perpetrado continuas incursiones en territorio comunitario.

Supuesto uso de recursos del Estado

La Pastoral Indígena denunció también la utilización de recursos del Estado en favor de intereses particulares. En el texto se señala que se han registrado ingresos de vehículos de guerra a la comunidad y sobrevuelos constantes de helicópteros militares por encima de los centros educativos de la zona.

Estos vuelos se realizan continuamente, creando espanto en los niños que se hallaban de recreo en dicha institución educativa, un hecho que la organización califica de incomprensible al tratarse del propio Estado, garante constitucional de la seguridad, respaldando acciones intimidatorias.

La comunidad de Tekoha Yapo cuenta con reconocimiento de Personería Jurídica, cinco escuelas primarias, dos colegios secundarios y un puesto de salud, todos financiados por el Estado paraguayo, lo que agrava la contradicción institucional de permitir su asedio.
Ante esta situación, la Pastoral Indígena Espíritu Santo exigió el esclarecimiento urgente de la muerte del líder Antonio Carrillo y el maestro Catalino Correa, garantizando investigaciones imparciales que se aparten de la versión oficial.

También solicitó que los responsables de las fuerzas de seguridad actúen con justicia y apego estricto a los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional y los convenios internacionales, y que el Estado paraguayo cumpla su cometido principal de otorgar seguridad y protección a los pueblos originarios frente a las pretensiones territoriales de la Estancia Americana.

Más contenido de esta sección
En víspera de Halloween, la Fiscalía recordó que la perturbación de la paz de los difuntos es un delito castigado por el Código Penal con penas de hasta 5 años de prisión o multa. La advertencia abarca conductas como la sustracción de cadáveres, la alteración de sepulturas y actos ultrajantes en los cementerios.
Un motociclista embistió de forma violenta contra un transeúnte en Cambyretá, Departamento de Itapúa. Ambas personas quedaron heridas y fueron derivadas a un centro asistencial.
Cuatro mujeres siguen internadas de los 48 trabajadores que fueron afectados por una fuga de amoniaco registrada este jueves en una planta procesadora de pollos en Mariano Roque Alonso, Departamento Central, informó este viernes el Instituto de Previsión Social (IPS).
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) marcó un hito fundamental en el proyecto de maquinización de Aña Cuá con la exitosa instalación de la primera pieza electromecánica fija de la turbina de la unidad número uno.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que a inicios de este 2026 se dieron los primeros elementos de sospecha respecto al subcomisario Derlis Cáceres, apartado hace un mes de su cargo como director de Inteligencia Penitenciaria. Actualmente, está detenido tras la liberación de reclusos de la cárcel de Emboscada.
La Itaipú Binacional volvió a abrir este viernes a las 8:30 la canaleta central de su vertedero, que permanecía cerrada desde el pasado 23 de octubre. Con la habilitación de las dos canaletas, la descarga total alcanza los 11 millones de litros de agua por segundo.