Enfatizó que la salud es un derecho humano inalienable y es obligación del Estado garantizar acceso equitativo a los servicios.
“Las decisiones que priorizan la imagen institucional por encima del bienestar y la vida de las personas son una violación directa de este derecho”, expresó Ávila. Por tal motivo, exigen al IPS una distribución justa y equitativa de sus recursos.
