El defensor del pueblo, Rafael Ávila, señaló a NPY que el Ministerio de Educación debe intervenir y tiene que haber alguna sanción y precedente para que no se repita lo acontecido en una escuela de Ñemby, donde se le negó el acceso a una niña pequeña por no contar con el dinero en ese momento.
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“Cómo las escuelas se mantienen es otro punto, pero no pueden estar cobrando a los chiquitos por el sanitario. Tienen el derecho y la obligación para mantener en forma el sanitario y no negarle el acceso porque en ese momento no tiene la plata. Le va a marcar a esta niña esa situación que pasó, porque los niños son muy crueles a veces”, expresó.
Mediante un comunicado, el defensor señaló su preocupación ante un presunto caso de vulneración de derechos de una niña en una institución educativa de Ñemby.
🗣️ “Es inaceptable desde cualquier punto de vista”
— NPY Oficial (@npyoficial) March 10, 2026
♦️ El abogado Rafael Ávila cuestionó duramente a la institución de Ñemby que cobra a los niños por usar los sanitarios, luego de que una pequeña se orinara encima tras negársele el ingreso.
🗣️ “Es responsabilidad del… pic.twitter.com/NiYnOLukRT
“El acceso a servicios básicos de higiene dentro de las instituciones educativas constituye un derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes, y en ninguna circunstancia puede condicionarse al pago de dinero ni a decisiones administrativas que pongan en riesgo su dignidad, bienestar o salud”, aseveró.
En ese sentido, indicó que desde la Defensoría del Pueblo consideran inaceptable cualquier práctica que pueda generar situaciones de humillación, discriminación o afectación emocional en menores de edad, más aún dentro de espacios educativos que deben garantizar protección, contención y respeto.
Entre tanto, instó a las autoridades educativas y a las asociaciones de padres a revisar de manera urgente este tipo de decisiones, recordando que las medidas administrativas nunca pueden estar por encima del interés superior del niño, principio consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
“La Defensoría del Pueblo seguirá de cerca este caso y las medidas adoptadas por las autoridades competentes, a fin de asegurar que hechos como este no vuelvan a repetirse en ninguna institución educativa del país”, sostuvo el defensor mediante un comunicado.
Finalmente, reafirmó el compromiso de velar por la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, promoviendo entornos escolares seguros, dignos y respetuosos para todos los estudiantes.
