Federico Huttemann, Enrique Kronawetter y César Trapani, abogados Mario Abdo Benítez, ex presidente de la República, se presentaron en la sede del Ministerio Público para interiorizarse sobre la imputación que pesa contra el ex jefe de Estado.
Benítez y otras autoridades de su gobierno fueron imputados por la supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal. Esta son las causas que enfrentan los procesados tras la denuncia de Horacio Cartes, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.
“Tomamos conocimiento del acta de imputación debido a su divulgación pública, por lo que ahora venimos a solicitar formalmente acceso a la investigación y a las aparentes múltiples actuaciones que estuvieron por detrás”, dijo el abogado.
Hasta el momento, ninguno de los imputados fueron notificados de la investigación, indicó el profesional del Derecho.
Igualmente, señaló que en las 60 páginas de la imputación “el nombre del ex presidente, más allá de las repeticiones, aparece en un par de afirmaciones” de hechos falsos que carecen de cualquier tipo de referencia de tiempo y espacio.
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“Son falsos y no existieron, para nosotros son hechos que no sucedieron. Las afirmaciones aluden a circunstancias que no son ciertas y que son ficticias”, siguió cuestionando.
Igualmente, manifestó que “no se encuadran en los parámetros mínimos que suelen incluir una imputación”.
“Al ser los hechos ficticios, irreales, patrañas, difícilmente pueda empatar con ninguna de las figuras penales que establece nuestra legislación”, indicó.
Respecto a los motivos de la denuncia, afirmó que “no son jurídicas” porque no se realizó en el ejercicio de la acción penal con el apego al derecho.
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“La única obligación del Ministerio Público es perseguir un delito apegándose al derecho. Estamos hablando de motivaciones que no pueden comprenderse”, reprochó Trapani.
Argumento de la Fiscalía
Para la Fiscalía, Abdo Benítez habría conformado una “organización delictiva” con el fin de filtrar informaciones de carácter confidencial de la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para desacreditar al sector vinculado a Cartes y el actual presidente de la República Santiago Peña.
Para el Ministerio Público, el grupo estaba conformado por Carlos Arregui, ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad); Arnaldo Giuzzio, ex ministro del Interior; René Fernández, ex ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción; y Carmen Pereira, ex directora general de Análisis Financiero y Estratégico (año 2019/2022), y posteriormente secretaria adjunta de la Seprelad (año 2022).
