Así lo explicó este martes el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, quien también comentó que la declaración falsa de los bienes se puede dar por dolo, culpa o un error de tipeo.
“Nosotros verificamos la declaración de todos los ministros y solo remitimos a la Fiscalía los datos que levantan ciertas sospechas”, expresó Torres en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
El órgano contralor envió al Ministerio Público el informe del ministro de Educación, Eduardo Petta; de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo; del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela; de la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz y del ministro de Urbanismo Vivienda y Hábitat, Dany Durán.
Además, serán investigados el ex titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, y Sergio Barrios, funcionario del Instituto de Previsión Social que fue comisionado al Ministerio de Salud como director general.
Torres mencionó que desde Contraloría hace un análisis de la declaración jurada presentada por los funcionarios con los informes recibidos de diferentes instituciones públicas y privadas.
“Si constatamos una declaración falsa nosotros remitimos a la Fiscalía”, subrayó y señaló que dentro del protocolo no existe la notificación a los afectados. Indicó que el patrimonio del presidente Mario Abdo Benítez también fue verificado y no presenta inconvenientes.
Sin embargo, dijo que en el caso de que se compruebe un error involuntario de tipeo en una declaración y la persona afectada tiene cómo comprobarlo, el informe debe ser trasladado al funcionario público por 30 días.
En otro momento de la entrevista, el director de la Contraloría adelantó que ahora están analizando las declaraciones juradas de viceministros, consejeros de las binacionales Itaipú y Yacyretá; consejeros de IPS y embajadores.
Estimó que los resultados estarían listos en los primeros meses del 2020, ya que son al menos 120 los funcionarios, cuyos bienes serán verificados.
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Senado aguarda que Contraloría remita documentaciones
Por otra parte, la Cámara de Senadores aguarda que la Contraloría remita las declaraciones juradas a la institución, ya que fue un pedido constitucional realizado en setiembre del año 2018.
“La Contraloría no está remitiendo el documento y pide prórroga porque sabe que nosotros subimos a la web y se hace público”, expresó la senadora Desirée Masi en contacto con la misma emisora radial.
La legisladora explicó que si la Contraloría no quiere que se publiquen las documentaciones, debería de argumentar.
En todo caso, Masi señaló que si el contralor no envía las documentaciones, incluso puede ser sometido a un juicio político, ya que se trata de un pedido constitucional.
