Estamos en año pre electoral y ya pasaron dos años de pandemia, tiempo suficiente para mejorar las condiciones que requiere enfrentar el COVID. Una nueva declaración de emergencia despierta sospechas. De todos modos, aunque existiera la necesidad, la debilidad de las instituciones públicas, especialmente de los gobiernos locales y departamentales para gastar con eficiencia y eficacia y en el marco de la legalidad, debe ser un fuerte argumento para reducir al máximo este tipo de medida e implementar cambios que prevengan conductas inadecuadas, controlen mejor y aumenten la transparencia.
Si en condiciones normales, con una serie de procedimientos normados y estandarizados se observan problemas graves en el uso de los recursos públicos, es de prever una peor ejecución si los gastos de realizan al margen de estos procedimientos. Solo es necesario recordar las recientes irregularidades detectadas en el proceso de compras públicas en varios departamentos y municipios.
La presión de los organismos del Estado por contar con más recursos con las facilidades que ofrece el referido mecanismo en un año electoral deja entrever otros intereses que no condicen con el bien común. El uso de fondos estatales para el beneficio de un determinado partido político es práctica común, solo que ahora se tiene la excusa de la pandemia.
La declaración de emergencia, además de posibilitar la ejecución por fuera de los mecanismos ordinarios del sistema nacional de contrataciones, agrega un mayor grado de discrecionalidad de la autoridad de turno. Por lo tanto, no deberían llamar la atención los resultados negativos durante los dos últimos años.
Eran de esperarse y de hecho, tanto la prensa como referentes de la sociedad vienen alertando sobre los peligros que conllevan las declaraciones de emergencia y la falta de penalización. No es suficiente con las acciones que lleva a cabo la Contraloría General de la República. Estas llegan tarde, cuando los recursos se perdieron y las familias sufrieron las consecuencias de la pandemia. Lo que es peor, queda una deuda que deberá ser pagada por estas mismas familias.
Dada las experiencias pasadas y, especialmente durante esta pandemia, la extensión del periodo de emergencia debe ir acompañada de un cambio en las normativas que permitan tanto a las autoridades competentes como a la ciudadanía, anticiparse a los hechos de corrupción.
El Ministerio de Hacienda y los demás organismos con competencia tienen la responsabilidad de solicitar al Poder Legislativo las modificaciones jurídicas que fortalezcan la institucionalidad pública y eliminen cualquier posibilidad de corrupción.
