20 feb. 2024

Declaración de emergencia obliga a cambios legales

El aprovechamiento de las declaraciones de emergencia para desviar recursos públicos siempre existió. El problema es cuando a pesar de conocerse la situación, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo siguen utilizando dicha figura sin hacer los cambios necesarios para evitar el mal uso de los mismo. En las municipalidades y departamentos el abuso se agudiza y, a pesar de ello, ninguno de estos poderes hace los cambios necesarios en las normas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas. El Poder Judicial no deja de tener responsabilidad al dejar impunes los actos de corrupción. Los organismos responsables de controlar los gastos públicos, combatir la corrupción e impulsar la transparencia de la gestión pública deben hacerse cargo del problema ejerciendo el rol que les corresponde.

Estamos en año pre electoral y ya pasaron dos años de pandemia, tiempo suficiente para mejorar las condiciones que requiere enfrentar el COVID. Una nueva declaración de emergencia despierta sospechas. De todos modos, aunque existiera la necesidad, la debilidad de las instituciones públicas, especialmente de los gobiernos locales y departamentales para gastar con eficiencia y eficacia y en el marco de la legalidad, debe ser un fuerte argumento para reducir al máximo este tipo de medida e implementar cambios que prevengan conductas inadecuadas, controlen mejor y aumenten la transparencia.

Si en condiciones normales, con una serie de procedimientos normados y estandarizados se observan problemas graves en el uso de los recursos públicos, es de prever una peor ejecución si los gastos de realizan al margen de estos procedimientos. Solo es necesario recordar las recientes irregularidades detectadas en el proceso de compras públicas en varios departamentos y municipios.

La presión de los organismos del Estado por contar con más recursos con las facilidades que ofrece el referido mecanismo en un año electoral deja entrever otros intereses que no condicen con el bien común. El uso de fondos estatales para el beneficio de un determinado partido político es práctica común, solo que ahora se tiene la excusa de la pandemia.

La declaración de emergencia, además de posibilitar la ejecución por fuera de los mecanismos ordinarios del sistema nacional de contrataciones, agrega un mayor grado de discrecionalidad de la autoridad de turno. Por lo tanto, no deberían llamar la atención los resultados negativos durante los dos últimos años.

Eran de esperarse y de hecho, tanto la prensa como referentes de la sociedad vienen alertando sobre los peligros que conllevan las declaraciones de emergencia y la falta de penalización. No es suficiente con las acciones que lleva a cabo la Contraloría General de la República. Estas llegan tarde, cuando los recursos se perdieron y las familias sufrieron las consecuencias de la pandemia. Lo que es peor, queda una deuda que deberá ser pagada por estas mismas familias.

Dada las experiencias pasadas y, especialmente durante esta pandemia, la extensión del periodo de emergencia debe ir acompañada de un cambio en las normativas que permitan tanto a las autoridades competentes como a la ciudadanía, anticiparse a los hechos de corrupción.

El Ministerio de Hacienda y los demás organismos con competencia tienen la responsabilidad de solicitar al Poder Legislativo las modificaciones jurídicas que fortalezcan la institucionalidad pública y eliminen cualquier posibilidad de corrupción.

Más contenido de esta sección
Ya no quedan dudas de que la democracia en Paraguay está en riesgo. En la Cámara de Senadores, el sector colorado cartista y sus satélites no solo forzaron un reglamento para lograr la pérdida de investidura de una senadora de la oposición, sino que además resulta preocupante que lo hayan hecho como una forma de acallar voces críticas. Pasar por encima de la Constitución Nacional y pretender la uniformidad de todas las ideas y opiniones no es democracia. Están a un paso de causar un quiebre, y eso la ciudadanía no debe permitirlo.
El alto peso de las remuneraciones en el total del gasto público siempre llama la atención de la ciudadanía, a pesar de que con respecto a otros parámetros está por debajo de los estándares internacionales. Esto no sería un problema si fuese acompañado por calidad en la gestión pública, lo cual nunca será posible sin una carrera seria y rigurosa en la función pública basada en méritos y resultados de la gestión. Los casos de nepotismo muestran la fuerte injerencia político-partidaria en las decisiones que se refieren a los recursos humanos.
El contexto económico internacional cambió con respecto a los últimos años. La demanda externa favoreció a Paraguay como productor y exportador de commodities de bajo valor agregado y calidad. Hoy, el mundo exige estándares de calidad a la producción y la juventud paraguaya busca empleos en mejores condiciones que en el pasado. Esos resultados solo son posibles con emprendimientos e inversiones productivas, lo que a su vez exige seguridad jurídica, una condición debilitada por la actuación irresponsable de los políticos.
La seguridad laboral no puede ser considerada como una concesión a los trabajadores, pues es uno de los derechos básicos. En la última semana, hubo dos accidentes en fábricas por fuga de amoníaco. Uno dejó dos fallecidos y decenas de heridos; un obrero resultó herido por el derrumbe de un silo y varios obreros quedaron atrapados en un edificio en construcción debido a un incendio. El Estado debe asumir su rol y garantizar que las empresas cumplan con los estándares de seguridad y protejan la vida de los trabajadores.
Después de observar la manera en que la mayoría colorada cartista y sus satélites operaron para lograr la pérdida de investidura de la senadora opositora Kattya González, resulta más que evidente que esta mayoría parlamentaria podría, si así lo quisiese, resolver de manera expeditiva el tema del nepotismo o formular desde esa instancia algunas respuestas a algunos de los más acuciantes problemas que aquejan al país. No cabe, sin embargo, en este tema ninguna dosis de ingenuidad cuando la fuerza termina imponiéndose a la razón.
El Senado aprobó, finalmente, la resolución por la cual pierde su investidura la senadora Kattya González. El bloque colorado cartista y sus satélites consumaron un verdadero atropello a la Constitución Nacional, cuando decidieron interpretar a su antojo la Carta Magna y cambiar arbitrariamente el reglamento de la mayoría. Al final de la jornada; sin embargo, en la sala de sesiones los argumentos para la expulsión de la senadora quedaron en un segundo plano. Ayer fue, sin duda, un día amargo para la democracia.