El Decreto 3173, así como está redactado, no señala nada más que lo obvio, ya que solo presenta un largo listado de instituciones integrantes, lo cual no parece ser ninguna novedad. No hace alusión a las características que deberían tener los “representantes” de las instituciones, por lo que el riesgo de que sean nombradas personas sin condiciones es alto.
La situación se agrava si consideramos que la mayor parte de las instituciones pertenecen al Poder Ejecutivo, con lo cual sus representantes son dependientes del presidente de la República, recientemente cuestionado por su apoyo a un Acta que a todas luces constituía una pérdida económica y de soberanía para el país. Tanto es así que en pocos días renunciaron altas autoridades y él estuvo cerca de un juicio político.
A la ausencia de criterios que garanticen calidad en la selección de los representantes institucionales se agregan la falta de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. En el decreto apenas se hace mención a la posibilidad de consultas, pero sin especificar ningún tipo de procedimiento que garantice la oportunidad de las mismas, la idoneidad de los consultados, la calidad de los aportes y el uso de los mismos en la estrategia final.
El nuevo acuerdo tiene fundamental relevancia para la trayectoria del desarrollo del país y para el bienestar de la ciudadanía, por lo tanto, la transparencia y rendición de cuentas constituyen un imperativo ético. De más está señalar que cualquier estrategia de negociación tiene mayor oportunidad de lograr sus objetivos si cuenta con un amplio apoyo de todos los involucrados. Negarse a mantener una fluida comunicación con la ciudadanía no solo es abrir una de las compuertas del fracaso sino ganarse la deslegitimidad política de varias generaciones.
Finalmente, no se establecieron plazos ni procedimientos, por lo cual cabe la famosa frase: “si quiere que algo no funcione, cree una comisión”. Ojalá este no sea el caso, pero dada la experiencia de infinidad de comisiones, mesas y consejos en el sector público sin resultados, no deja de ser probable que esta fracase en la construcción de una estrategia que permita a Paraguay recuperar los recursos perdidos y, por fin, lograr su desarrollo, con el aporte fundamental de Itaipú.
Este equipo será el centro de atención del país. Esperemos que las autoridades designen a los mejores representantes, esto es, con capacidad técnica y negociadora y una incuestionable conducta ética.
