29 mar. 2024

De vida o muerte

La despenalización del aborto es un tema que todavía no está debidamente instalado en la agenda política ni mediática; y tampoco la realidad que afecta a muchas paraguayas que deciden terminar un embarazo. Acudimos a referentes que están a favor y en contra para contribuir con un debate que, necesariamente, debe darse en nuestro país.

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Por: Carlos Darío Torres | Fotos: Javier Valdez | Producción: An Morínigo.

La Cámara de Diputados de Argentina acaba de darle media sanción al proyecto de ley que legaliza el aborto. Si bien todavía debe ser tratado en el Senado de ese país, su aprobación en la Cámara Baja fue tomada como un paso adelante por los grupos sociales que luchan por dicha normativa en Argentina.

Este hecho tuvo una amplia repercusión en el resto de mundo y principalmente en la región, donde –a excepción de Uruguay– la práctica está restringida o directamente penalizada. La sanción con pena privativa de libertad empuja a las mujeres que quieren abortar –cualquiera sea la circunstancia que motive su decisión– a hacerlo de manera clandestina y casi siempre en condiciones inadecuadas.

Paraguay es uno de los países en los que el aborto inducido no se está permitido bajo ninguna circunstancia, a pesar de que es habitual escuchar que sí lo está en caso de que la vida de la madre se encuentre en peligro. La práctica suele denominarse “aborto terapéutico”, pero en nuestra legislación no existe esta figura.

Sobre el punto, la bioeticista y pediatra Leonor Navarro afirma que no existe el llamado aborto terapéutico y aclara que “la terapéutica es algo que puede curar y ningún aborto le cura a la mamá de nada”.

En ningún caso

Se suele interpretar que la legislación paraguaya permite el aborto provocado si la embarazada corre peligro de perder la vida, porque el Código Penal se refiere a la muerte indirecta del feto –sin utilizar la palabra aborto– en su artículo n.°109, inciso 4.°. Esta normativa establece que: “No obra antijurídicamente el que produjera indirectamente la muerte de un feto, si esto, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario para proteger de un peligro serio la vida de la madre”.

Navarro sostiene que lo que el código permite es que una gestante que requiere un tratamiento o intervención –porque sufre alguna enfermedad que si no es tratada podría provocarle la muerte, y consecuentemente la del hijo que está esperando– sea sometida al procedimiento médico correspondiente. En ese caso se dice que a la madre se le da por justicia el tratamiento.

“Si tenemos una mamá embarazada, con apendicitis, no se puede esperar porque es una infección aguda grave, y si no se extirpa el apéndice, podrían morir ella y el bebé que está esperando. Entonces, si se le opera y por alguna circunstancia –a raíz de ese procedimiento– sufre un aborto, no hay ninguna implicancia bioética porque en ningún momento la intención fue matar al bebé. Es lo que se conoce como el principio del doble efecto”, explica Navarro.

El Código Penal también establece en su artículo n.° 109 las penas a ser aplicadas a quienes sean responsables de provocar un aborto (ver recuadro), con la excepción mencionada. La norma está basada en lo que consigna el artículo 4.° de la Constitución Nacional, que garantiza la protección del derecho a la vida de la personas desde su concepción.

Para cuándo la vida

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Para Julia Rivarola, pediatra y docente de medicina legal y bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, las leyes no dejan dudas acerca de que la vida está protegida desde la concepción y afirma que esta se produce cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, momento en el cual se forma un nuevo ser humano, distinto al padre y a la madre, con su propio código genético.

“Es un ser humano distinto porque en él se conjugan los dos materiales genéticos aportados por sus padres. Y ese ser humano tiene una continuidad, con su programación propia, y es digno de ser respetado en su derecho fundamental a la vida”, sostiene.

Si se puede considerar que existe vida desde la concepción y, sobre todo, si se trata de un nuevo ser humano, es el centro de discusión entre quienes defienden la libertad de la mujer de decidir si continúa o no con su embarazo, y los que están en contra de cualquier tipo de aborto inducido.

Esa discusión se traslada a otro terreno cuando se trata de fundamentar las posiciones a favor o en contra de modificar la legislación, para incluir disposiciones que permitan algún tipo de apertura hacia el aborto. Quienes están a favor de la despenalización, afirman que con esto podría disminuir el número de mujeres que mueren por abortar en condiciones antihigiénicas.

“Tenemos datos oficiales, porque incluso el ministro de Salud, Carlos Morínigo, dijo hace poco que tienen 10.000 casos de abortos atendidos en hospitales de todo el país. En términos oficiales, lo que se tiene es que aproximadamente 30 mujeres mueren al año por complicaciones del aborto, si bien no está discriminado en qué casos son provocados y en cuáles no”, afirma Myriam González, directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE).

El CDE es una de las organizaciones que integran la campaña 28 de Setiembre, por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. La misma sostiene que el aborto legal y seguro es un derecho reproductivo constitutivo de los derechos humanos, que se ejerce en un contexto de laicidad del Estado, justicia social e igualdad de género, y propone generar las condiciones para lograr el acceso a procedimientos seguros, legales y con calidad de atención.

En Paraguay, la campaña presentó en agosto de 2014, a la Comisión para la Reforma Penal y Penitenciaria, una propuesta para modificar el artículo del Código Penal que castiga el aborto. Se sugiere modificar los artículos 14, inciso 18, y 109 del Código Penal.

“La propuesta es que en el artículo 14 definimos que a los efectos de la ley, se entenderá como feto el producto de la concepción, con posterioridad a la duodécima semana de embarazo y hasta el momento del parto. Ahí sentamos una posición con respecto a desde qué momento estamos asumiendo que puede llegar a considerarse un ser humano”, agrega González.

Despenalización o legalización

Cuando se habla de despenalizar el aborto, la gente puede confundirse y pensar que esto significa legalizar esa actividad. Existe una diferencia entre ambos conceptos. La despenalización implica que nadie vaya preso por practicar un aborto inducido, en tanto que la legalización consiste en establecer, por ley, la forma en la que se va a realizar la terminación del embarazo antes del parto, estableciendo hasta qué punto de gestación se puede abortar, además de disponer otros requisitos, entre ellos, las medidas a tomar antes de llegar a esa etapa.

“En determinadas circunstancias puede ser una forma distinta de nombrar. Para nosotras, la diferencia entre despenalizar y legalizar es que lo que se pretende con la despenalización, es que las personas no sean acusadas de cometer un crimen porque el aborto provocado está castigado en el Código Penal”, dice González.

Según la profesional, la legalización es más amplia, porque lo que se espera con ella es que el Estado brinde servicios públicos y de calidad, para que las mujeres que quieran realizarse un aborto lo hagan en condiciones seguras, en términos médicos.

La activista afirma que en Paraguay todavía no se ha llegado a debatir la legalización del aborto. “No tenemos una discusión, no avanzamos, estamos anclados hace años en esta lucha. Lo que queremos es despenalizar, no hemos hablado ni he participado de ningún debate ni discusión en donde planteemos legalización. Ni personalmente ni desde la campaña 28 de Setiembre hemos movido una acción que pretenda hacer cambios con respecto a esa propuesta de 2014”, asegura.

González dice que hoy no se embarcaría en una lucha pidiendo la legalización del aborto, que implica, entre otros aspectos, que todos los hospitales públicos deben dar ese servicio sin ninguna objeción. “No haría esa lucha porque considero que en el Paraguay todavía hay cuestiones básicas que no se han cumplido, como por ejemplo, incluir la educación sexual integral en escuelas y colegios”, añade.

Números negros

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La tasa de abortos sobre muertes maternas en 2009 era del 18%. González asegura que el panorama no varió mucho, porque de 110 muertes maternas al año, un 25% corresponde a abortos, pero si le sumáramos otras causas de muerte, como la septicemia, la sepsis y la toxemia, subiría al 35% o al 40%. “En muchos casos se muere una mujer de septicemia y el certificado de defunción dice que se murió de septicemia, pero no dice si fue el aborto la causa”, manifiesta.

Como suele ocurrir, los registros oficiales son subregistros. Se asume que hay 30 mujeres que mueren por esta causa al año. Según datos oficiales, existen entre 8.000 y 10.000 casos de abortos atendidos en el Paraguay, sin discriminar si son provocados o espontáneos.

En contrapartida, hoy solo hay dos personas presas por aborto.“Considero que es importante, necesario y urgente despenalizar el aborto porque es una ley discriminatoria, ya que solamente afecta a mujeres pobres, jóvenes y generalmente del campo. Porque las que tienen dinero para pagarse un procedimiento seguro, en cualquier ciudad del Paraguay pueden hacerlo”, opina Myriam.

Para la militante feminista Johanna Ortega, hoy hay mujeres que mueren por abortar en la clandestinidad. “Nadie está favor del aborto. Estoy a favor de la despenalización porque hay mujeres que abortan y mueren, porque es una cuestión de servicio público de salud. Tenemos niñas madres e inviabilidad fetal”, señala.

Johanna asevera que hay distintas motivaciones que llevan a las mujeres a apoyar esta causa y otras. “Una de ellas es que podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, porque entendemos que un embarazo no es viable sin el cuerpo de la mujer. No hay que confundir y pensar que eso implica abortar a los ocho meses. Decidir sobre nuestro propio cuerpo implica mucho más que el aborto. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, apunta.

La bioeticista Leonor Navarro agrega que muchas veces las mujeres abortan porque no tienen un soporte, económico o afectivo. “He visto que el problema por el que deciden abortar es porque se sienten solas, abandonadas y sobre todo por la vergüenza que les causa la situación en la que se encuentran, porque se sienten rechazadas, sienten que no tienen más oportunidades, que se van a quedar sin trabajo o que las van a echar de la casa, que ya no van a poder estudiar”, manifiesta.

Navarro sostiene que el problema es mucho más profundo y que no basta con hacer una ley para abortos legales. La bioeticista insiste en que la solución es la educación y que esta debe ser integral, en valores.

“En países donde el aborto es legal, también hay mujeres que abortan en la clandestinidad. ¿Por qué en vez de preocuparnos porque aborte, no nos preocupamos por prevenir el abuso de las adolescentes, darles castigos ejemplares a los violadores, a los abusadores? Las leyes son muy flojas en nuestro país. Pasa más tiempo preso un ladrón de gallinas que un violador. Tenemos que trabajar en mejorar la legislación para poner a salvo a estas niñas”, propone.

Hoy se mueren mujeres, quedan inválidas o incapaces por someterse a abortos inseguros, sin condiciones médicas adecuadas, porque no tienen el dinero para pagar.

Por un lado, una realidad que, más allá de los números, existe: las mujeres se mueren por abortar en condiciones inseguras. Y en la otra mano, los nonatos que mueren en los abortos. Se trata de una situación compleja en que las voces de uno y otro lado esgrimen argumentos científicos, jurídicos y morales para fundamentar su posición a favor o en contra de la legalización del aborto inducido.

Pero aun en las posturas abiertamente polarizadas, es posible encontrar también coincidencias. Ambos sectores están de acuerdo en que se debe mejorar la educación y el acceso a métodos anticonceptivos. Quizás se pueda empezar a trabajar a partir de estas coincidencias. Y a hablar del tema, porque hay vidas esperando. El debate queda abierto.

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Palabra legal

Artículo 4 de la Constitución Nacional.Del derecho a la vida
El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, solo con fines científicos o médicos.

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Código Penal

Artículo 109.- Aborto.
1.°- El que matare a un feto será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. Se castigará también la tentativa.
2.°- La pena podrá ser aumentada hasta ocho años, cuando el autor: 1. obrara sin consentimiento de la embarazada; o 2. con su intervención causara el peligro serio de que la embarazada muera o sufra una lesión grave.
3.°- Cuando el hecho se realizare por la embarazada, actuando ella sola o facilitando la intervención de un tercero, la pena privativa de libertad será de hasta dos años. En este caso no se castigará la tentativa. En la medición de la pena se considerará, especialmente, si el hecho haya sido motivado por la falta del apoyo garantizado al niño en la Constitución.
4.°- No obra antijurídicamente el que produjera indirectamente la muerte de un feto, si esto, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario para proteger de un peligro serio la vida de la madre.

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Morir por ser mujer

Embarazo adolescente: En Paraguay, uno de cada cuatro embarazos corresponde a niñas y adolescentes de 10 a 19 años.El 11% de estos casos corresponde a niñas de 10 a 14 años y la mayoría se debe al abuso sexual.Durante el año 2015, cada día seis niñas de entre nueve y 15 años se convertían en madres en nuestro país. Es decir, habían sido víctimas de abuso sexual y embarazo forzado, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que ha registrado más de 2.000 partos en esa franja de edad.
Muerte de mujeres por abortos inseguros: no existen registros actualizados ni completos, pero se estima que cada año, al menos 30 mujeres (sobre todo jóvenes de escasos recursos) mueren a causa de embarazos inseguros.