30 may. 2024

“De soporte de Peña, Cartes pasó a ser el mayor predador del poder presidencial”

El ex catedrático no comparte que el gobierno actual sea bicéfalo. En su opinión el poder está dividido en partes desiguales a favor de Cartes, cuya
figura “es la simbología del poder corrupto”, dice.

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Investigador Jorge Silvero escribe artículos de análisis para publicaciones especializadas

GENTILEZA

Susana Oviedo
soviedo@uhora.com.py

Muchos se darían por satisfecho si Santiago Peña pudiera al menos encabezar una parte del gobierno, dice el doctor Jorge Silvero Salgueiro, abogado paraguayo, ex catedrático de la Universidad Católica de Asunción, actualmente residente en el exterior. Recurrimos a su capacidad de análisis por sus certeras observaciones sobre la realidad social y política del país, que normalmente comparte a través de su cuenta en la red social X y por sus colaboraciones publicadas por la Academia Paraguaya de la Historia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia o la Revista Jurídica de la Universidad Católica. En ocho meses, dice el doctor Silvero, el cartismo está reformando el Estado, sin reformar la Constitución, y “nos retrotrae al stronismo”.

–¿Qué conclusiones preliminares extraería de estos primeros 8 meses de Gobierno del presidente Santiago Peña, a la luz de los últimos acontecimientos políticos?

–Perdón, ¿se refiere al gobierno Cartes-Peña? Lo uno no se entiende sin lo otro. Existe desazón, pero mayoritariamente entre quienes sin mucho basamento apostaron que Peña mantendría a Cartes en la raya. Pero, entre los otros, entre los cuales me cuento, existe perplejidad ante lo rápido que Cartes cambió su rol con relación a Peña, de soporte e instrumento de catapulta a ser el mayor predador del poder presidencial. Ni la genuina oposición ha tratado tan mal al presidente formal. Algunos analistas afirman que se trata de un gobierno bicéfalo, disiento; yo no veo dos “cabezas”, es más muchos se darían por satisfecho si Peña pudiera al menos encabezar una parte del gobierno. Pero, no es así, es más un caso de diarquía autoritaria, de poder dividido en partes desiguales. Por supuesto, la particularidad es que el poder de facto somete al poder formal, quedando este atrapado al arbitrio del autócrata. Cabe recalcar, no es víctima, quien se presta a una simulación de Gobierno. A ocho meses queda claro que el gobierno por interpósita persona es una mala idea y no lleva a la realización de la democracia.

–Se menciona que muchas de las decisiones del Ejecutivo son infiltradas del equipo político del Comando de Honor Colorado. Inclusive, se observan más reuniones de este equipo que el Consejo de Ministros (última reunión fue en octubre).

–Cabría observar que el supuesto brazo político del gobierno no es tal. No es una junta o directorio partidario, algo civil que contribuye a la deliberación política. Se trata de una instancia de poder organizada según las reglas de la confrontación, donde el estado de beligerancia constante define objetivos a atacar, posiciones a ganar y victorias que tendrían que sentirse como un bálsamo del ejercicio del poder total, del copamiento. Dicho instrumento de poder no pertenece a una democracia representativa basada en un sistema de partidos políticos, está en la práctica al margen de la normativa sobre partidos políticos y de las reglas electorales. No cuenta con una reglamentación jurídica que asegure, por ejemplo, el derecho de participación política de mujeres. Crearon algo cavernario para el siglo XXI. Sin embargo, el “Comando” sería solo una parte visible de una mayor organización, que estaría trabajando en grupos tácticos separados. Un Comando necesita nutrirse de información y, una vez que toma una decisión debería haber un cuerpo que la ejecute, ¿no? Es decir, la pregunta sería en qué medida los organismos de inteligencia del Estado paraguayo estarían proveyendo información que luego es usada contra los opositores. Todo muy peligroso.

¿Consejo de Ministros? Me queda claro, que en el fondo no saben como usar dicha instancia de gobierno. Conocen el presidencialismo a secas, pero se complican con un Consejo de Ministros.

–¿Cuán gravitante le parece la figura del presidente del Partido Colorado, el exmandatario Horacio Cartes, en la administración gubernamental actual según lo que hemos visto hasta hoy?

–Bastante. Ello se observa en un esquema de asignación de roles. Peña, con sus constantes y exagerados viajes actúa en el ámbito exterior como un “presidente-promotor”. A él lo envían a cualquier foro de inversores a que vaya y traiga nuevos negocios, mejor si son para el patrón. Con eso, descuida esa agenda en el Palacio de López de recibir a quienes requieren de la intervención del presidente, sean empresarios o campesinos, tan propio de nuestra cultura política. Peña se vuelve en lo interno el presidente-ausente, incluso en orientar adecuadamente las políticas públicas, algo que se esperaba de él.

Con ello, queda mayor espacio en lo interno que es llenado por Cartes. Es él, quien desde la presidencia del Partido Colorado asume el rol de dar instrucciones de servicio a los ministros y jefes de reparticiones públicas, por supuesto, atendiendo pedidos y reclamos de su base clientelar insatisfecha. Así aparece como el que “soluciona” y el que “provee”. Pero esa es una imagen pública construida artificialmente con una visión paternal autoritaria.

–¿Cuál es la verdadera imagen de Horacio Cartes?

–La realidad es que la figura de Cartes en el gobierno es la simbología del poder corrupto. Él no tiene un cargo en el gobierno, pero ordena a quienes tienen. Eso es corromper la institucionalidad. Y en esto no solo se trata de favorecer a terceros, sino a él mismo, ordenado para satisfacer sus propios intereses, dejando incluso en evidencia al gobierno que debe desdecirse de sus propias políticas.

Hemos visto en política exterior las jugadas más desconcertantes del gobierno, pero cuando aparece Cartes en escena las cosas se explican por sí solas.

Nada justifica que ahora un gobierno colorado conservador retome relaciones y designe un embajador en Venezuela. Cuando le preguntaron al canciller Ramírez se desmarcó y señaló que recibió expresas instrucciones de Peña. Pero si a Peña sus propios asesores en política exterior no le aconsejaron eso, entonces ¿quién fue? Evidente, el de mayor peso gravitacional. Además, se cuenta con información pública que Cartes tiene negocios privados con Venezuela y en caso de emergencia política necesitará un país contrario a Estados Unidos que le dé asilo. Un caso similar al ex presidente panameño Martinelli declarado corrupto por Estados Unidos y actualmente asilado en la Embajada de Nicaragua.

El asunto se agrava porque al mismo tiempo cierran la Embajada en Canadá, lo cual va en contra de la política gubernamental de atraer inversiones. Y a eso se suma el bochorno con el nuevo caso de nepobabies, la hija del diputado cartista Esgaib contratada para la Embajada en Londres, todo para dar satisfacción a Cartes y sus aliados. Decisiones basadas en la arbitrariedad y el privilegio.

–¿Qué opina respecto a la mayoría parlamentaria actual conformada por el oficialismo y legisladores de otras bancadas cooptados por el cartismo, que opera como una aplanadora para cumplir intereses sectoriales?

–No es una regla de la democracia constitucional que “la mayoría manda”. La regla constitucional de la mayoría establece que la mayoría no puede tomar cualquier decisión, aunque tenga los votos. Toda moción que está siendo tratada para decidir está sujeta a que esté conforme a la Constitución. Las mayorías que se imponen sin razón jurídica, como “aplanadoras”, en realidad se imponen por la fuerza. Mayorías así carcomen el Estado constitucional de derecho. Corresponde resistir a esta clase de opresión que imponen su voluntad arbitrariamente, sin ofrecer argumentos válidos.

–¿Cómo influye la composición de esta mayoría para atender hoy las necesidades reales de la gente en materia de educación, salud y otras cuestiones básicas?

–El cartismo en ocho meses está reformando el Estado sin reformar la Constitución. Hay una matriz en sus proyectos de ley: Concentrar el poder y centralizar los recursos, con ello, el Gobierno central toma control sin que ninguna autoridad local o descentralizada le dispute algo de poder. Así, el gobierno acrecienta su rol de único realizador de derechos sociales y económicos pudiendo privilegiar y discriminar a su antojo. En materia de corrupción, la misma también se centraliza. Volvemos al esquema de que dádivas, favores y privilegios se administran desde el centro en base a lealtades y sanciones, lo cual restringe libertades y opciones. Entonces, el Estado no promueve ciudadanía solo busca clientela política a someter. Los derechos humanos pasan a ser una quimera. Eso es el cartismo.

–¿Qué consecuencias puede traer la ausencia de debate legislativo, estilo que busca imponer Honor Colorado en ambas Cámaras?

–Eso ya lo vivimos a finales de la década de 1970. La Constitución de 1967 le prohibía a Stroessner ser reelecto en 1978. Él inició un proceso de reforma constitucional y el debate en el Congreso se volvió estéril, pues a las minorías no le dieron cabida para oponerse. Terminaron retirándose y dieron un fuerte impulso a la deslegitimación del gobierno. Ahora, cada vez son más fuertes las voces de legisladores de la oposición que los de Honor Colorado utilizan a mansalva la moción de cerrar la lista de oradores y la moción de orden para dar por concluido el debate rápida y abruptamente. Asimismo, si es que hay audiencias públicas previas, usualmente son de pura rutina sin que los proyectistas se involucren animadamente con la ciudadanía en un debate para mejorar el proyecto de ley en cuestión. Un parlamento que no dialoga, que no delibera, pierde el sentido de su función.

Los parlamentarios de la oposición tendrán que evaluar y presentar un plan con requerimientos a la mayoría a fin de que respeten ciertas reglas básicas, caso contrario también deberían reflexionar si continúan legitimado un régimen autoritario. Dejar las bancas, retirarse definitivamente del Parlamento es una opción que tiene que empezar a debatirse. Seguir en las Cámaras ya no tiene cometido alguno. El cartismo nos retrotrae al stronismo.

–¿Qué opina de la movilización estudiantil que continúa incólume en defensa de varios planes sociales y sobre la actitud del Gobierno de desconocerlos como interlocutores?

–Un alivio ante tanta sequía democrática. Cabe aclarar, no porque hay manifestaciones hay democracia. Es al revés en este caso, autoritariamente le están restringiendo derechos a miles de estudiantes, a investigadores y científicos, y a tantos otros grupos vulnerables que recurriendo a medios protegidos por la Constitución están tratando de recuperar lo perdido o amenazado. La intransigencia del gobierno demuestra que desconoce en la práctica la democracia pluralista contemplada en el artículo 1 de la Constitución.

–¿Cómo debe tomarse el desdesafuero en que devino el fallido intento de senadores oficialistas de restituir los fueros a dos de sus integrantes para evitar que rindan cuenta ante la justicia y que ante la ilegalidad incurrida, tuvieron que revertirla ?

–Mal. Fue un acto infame. Es inconstitucional porque atenta contra la independencia judicial al inmiscuirse en sus funciones y pretender paralizar procesos penales, algo prohibido expresamente en el artículo 248 de la Constitución en concordancia con el deber de colaborar con la Justicia, artículo 257. Pero a la vez es la consumación de un delito previsto en el artículo 273 del Código Penal que tiene su base constitucional en el artículo 137. Procedieron contra normas expresas de la Constitución y el Código Penal. Eso se llama abuso de poder, simplemente autoritarismo propiciado por Honor Colorado en el Congreso. Otra muestra más, de las tantas en ocho meses que todo lo hacen “contra legem”, como reculando del derecho.

–¿Y qué dice de la destitución de la senadora Kattya González? Hoy la decisión está en manos de ministros de la Corte Suprema de Justicia.

–Que la Corte entró al juego político a favor del cartismo, pues con su atraso y lentitud en conocer el caso no da lugar a dudas de sus intenciones de no ejercer el obligatorio control jurisdiccional de constitucionalidad, más aún cuando la violación constitucional ha sido tan evidente y grotesca. Es gravísimo alterar el núcleo de la representación política. Estamos en un proceso de autocratización.

Existe perplejidad ante lo rápido que Cartes cambió su rol con relación a Peña. Ni la genuina oposición trata tan mal al presidente formal.
Con sus constantes viajes, Peña actúa en el exterior como un “presidente-promotor”. Lo envían a traer nuevos negocios.

Perfil
Jorge Silvero Salgueiro. Es abogado constitucionalista y actualmente investigador jurídico independiente. Cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Asunción, y ex investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en Fordham University, New York.

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