Cuestionó a la ministra de la Corte Gladys Bareiro por no recibir al presidente del Congreso, Óscar Salomón, ya que pretendía hablar con ella por ser superintendenta de la zona donde una jueza ordenó un desalojo a indígenas que tienen título de propiedad.
La Comisión de Pueblos Indígenas del Senado recibió la denuncia de la comunidad Avá Guaraní Ka’a Poty, de Alto Paraná, sobre una orden de desalojo sobre sus tierras, actualmente en litigio, ya que hay doce títulos superpuestos, entre ellos el del propio Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que inició un juicio de reivindicación, ya que posee todos los documentos y títulos de propiedad.
La ex fiscala Liz Carolina Alfonzo es una de las que tienen tierras superpuestas, pero apenas 7 hectáreas de las 1.300 que tienen titulados los indígenas a su favor, pero aún así logró en segunda instancia un fallo a su favor, tras perder en primera instancia. La jueza interina Emylse Ana Celia Giménez González ordenó el desalojo de los indígenas en noviembre pasado.