Las respuestas del Gobierno a la situación que se generó tras el asesinato de María Fernanda en Coronel Oviedo, en el que estaría implicado el papá del bebé en gestación de la adolescente, fueron muy cuestionadas por varios referentes de la sociedad.
La asociación Familias por la Educación Integral en el Paraguay (Feipar) emitió un comunicado para pedir al Estado una respuesta “a la altura de la urgencia y la gravedad” del crimen. “Instamos al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) a desplegar con urgencia dispositivos de contención emocional y acompañamiento psicológico, con presencia sostenida en el tiempo, dirigidos a estudiantes, docentes, familias y toda la comunidad afectada”, expresó la organización.
Mientras tanto, el Gobierno tuvo reacciones consideradas no adecuadas para estos casos. Primero, el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, anunció que impulsarán un proyecto para un proceso de búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el Congreso minimizó el año pasado esta situación y rechazó la creación del Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se trata de una llegada tardía ante un hecho muy grave.
Por otro lado, también se busca tras este caso elevar las penas para los menores de edad y bajar los grados de imputabilidad, cuando especialistas advierten que esto no soluciona el problema.
“Nos preocupa especialmente la reciente declaración del ministro del Interior (Enrique Riera) en las que sugiere bajar la edad de imputabilidad y endurecer penas para menores de 18 años. Rechazamos firmemente estas propuestas de corte punitivista, que no enfrentan las causas estructurales de la violencia, y que desvían la atención sobre la inacción del Estado en garantizar derechos fundamentales”, apunta.
A su vez, Feipar señala que es necesario avanzar con una respuesta estructural y basada en derechos, además de fortalecer las políticas públicas, “en particular, las educativas, con énfasis en la prevención de las violencias de género y la construcción de vínculos respetuosos, libres de discriminación y desiguales relaciones de poder”.
Concretamente, Feipar propone reforzar con personal sensible y capacitado, y con presupuesto suficiente, los programas de salud mental y de convivencia escolar que existan; asegurar que los recursos destinados a estas áreas no sean desviados con fines clientelares ni utilizados para designaciones sin idoneidad técnica, y, finalmente, incorporar de manera sistemática en el currículo escolar la educación integral en sexualidad, con enfoque de derechos humanos, igualdad de género y prevención de violencias.
