EFE, AFP y REUTERS
BUENOS AIRES - ARGENTINA
La ex presidenta argentina Cristina Fernández negó ayer ante la Justicia haber recibido sobornos de empresarios durante su etapa como gobernante, recusó al juez y al fiscal y apuntó contra el actual Gobierno por la persecución que dice estar sufriendo y que cree busca su proscripción política.
“De ser necesario, habré de agotar todas las instancias judiciales internas, acudiendo además ante los órganos internacionales competentes en materia de derechos humanos”, subraya la ex mandataria y viuda del también ex presidente Néstor Kirchner en un escrito presentado en los tribunales.
Procesada ya en 5 causas, la mayoría por corrupción, Fernández volvió ayer a los juzgados federales de Buenos Aires para declarar como imputada en un caso en el que se investiga una red de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios del kirchnerismo. Aunque se negó a declarar, la actual senadora –que está aforada y no puede ser detenida– presentó un documento ante el juez Claudio Bonadio, en el que negó los cargos, y apuntó contra él por su supuesta connivencia con el actual Ejecutivo.
“Bonadio vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa”, subrayó irónicamente Fernández en Facebook.
Según destaca, desde que dejó la jefatura de Estado, en diciembre de 2015, le armaron 6 causas penales, 5 de ellas iniciadas e impulsadas por Bonadio. “Decisión política del Poder Judicial en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadio como brazo de persecución contra mi persona”, sentencia.
La ex presidenta reiteró que es víctima de la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas. También señaló que la caída abrupta de la imagen del Gobierno de Mauricio Macri por los problemas económicos del país y por la investigación que el oficialismo sufre por presunta financiación ilegal fueron “la oportunidad perfecta para sacar a la luz la causa”.
En su escrito, Fernández destaca que desde hace dos años está pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015 y recuerda que familiares de Macri fueron emblemáticos integrantes de la patria contratista surgida desde la última dictadura (1976-1983).
