El pedido fue tratado en la última sesión de la Junta, por medio de una minuta verbal presentada por el edil Javier Pintos (ANR-disidente), quien declaró que esta situación ya fue expuesta en reiteradas oportunidades y que el presidente del CASU se valió de “artilugios de mala fe” para apropiarse del inmueble.
Según la Resolución N° 8571 de la Junta Municipal de Asunción, el terreno mide en total 6.033,46 metros cuadrados. El documento prohíbe que se venda la propiedad y establece que “en caso de incumplimiento de las condiciones o de disolución de los centros adjudicatarios, los terrenos revertirán al dominio municipal”.
El concejal recordó esta regulación indicando que la cesión cuenta con un marco legal que incluye la mencionada resolución junto con un decreto del Poder Ejecutivo. En ambas, tal y como expuso el edil, se consignaba que al momento en que el CASU dejase de cumplir con los fines originalmente previstos, el inmueble tendría que retornar automáticamente al patrimonio municipal.
“Habida cuenta de que nos enteramos de que esta institución (...) ya no tiene ninguna construcción en ese lugar –dijo Pintos tras exponer una imagen aérea de la zona ubicada sobre la avenida Madame Lynch casi Aviadores del Chaco–, ya no ofrecen los servicios que originalmente justificaron que se le ceda a ese espacio de terreno. Están probablemente planteando destinarlo para otros fines”, añadió el edil.
En contacto con Última Hora, Pintos aseguró que hubo un pedido de fraccionamiento del terreno por parte de terceros.
Explicó, por otro lado, que el costo de este inmueble (USD 6 millones, al precio del mercado actual), representa una suma que bien podría servir para pagar por los intereses vencidos de los bonos que fueron emitidos en las últimas administraciones.
“Hoy estamos hablando de G. 48.000 millones, que es justamente la plata que necesitamos (...) para pagar las cuotas por los intereses”, aseguró.
Pidió que las autoridades municipales “se comprometan a recuperar este inmueble”, puesto que se trata de un patrimonio importante.
La convocatoria fue apoyada por el concejal Álvaro Grau (PPQ), quien informó que supuestamente la dirección de Asesoría Jurídica ya tenía una “hoja de ruta trazada” con respecto a las acciones a encarar para la recuperación del inmueble.
Criticó por otro lado el hecho de que este inmueble no se defienda como se defiende el uso de la Cuenta Única, herramienta con la que Óscar Nenecho Rodríguez justifica el desvío de los bonos que debían financiar exclusivamente obras de infraestructura. Finalmente, se resolvió convocar al director interino de Asesoría Jurídica, Jorge Cantero.
