El reporte resalta que la criminalidad organizada agrava el ya frágil panorama económico de la zona, cuyo PIB está previsto que avance un 2,1% en 2025 y un 2,4% en 2026, afectando gravemente la productividad, el empleo y las oportunidades de inversión.
Al respecto, el organismo recoge datos del Índice Global de Crimen Organizado (GI-TOC), que destaca que Paraguay se posiciona en el cuarto lugar con mayor puntaje de criminalidad a nivel mundial, mientras que es tercero en la región, solo detrás de Colombia y México.
Se detalla que Paraguay exhibió un crecimiento del PIB de 5% en 2023, 4,2% en 2024 y se espera que cierre 2025 con 3,5% de expansión.
Sin embargo, en materia laboral, revela que la mayoría de los empleos se concentra en pequeñas empresas de 1 a 4 trabajadores y en el sector informal.
“Las tasas de informalidad persistentemente altas se deben a la interacción entre el bajo crecimiento del sector formal, las costosas regulaciones del mercado laboral y la falta de habilidades, que limitan la oferta de alternativas atractivas en el sector formal”, explicó al respecto el BM.
Desafío. Por otro lado, se refiere a las tasas de victimización, afirmando que en América Latina y el Caribe son tres veces superiores al promedio mundial y las de homicidios ocho veces más.
“El crimen organizado plantea numerosos desafíos, no solo para el bienestar de los ciudadanos, sino también para el crecimiento económico”, alerta a su vez.
Afirma que los gastos improductivos en seguridad pública desvían recursos del gasto en salud, educación e infraestructura, que podrían mejorar la vida de las personas, mientras que las víctimas de violencia ven reducida su capacidad para acumular capital humano. Los delitos a activos o propiedades desgastan el capital físico; el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos contra la flora y fauna deterioran el capital natural a través de la deforestación y la contaminación del agua; las comunidades que viven bajo el dominio del crimen organizado pierden sus libertades básicas; la infiltración en las instituciones estatales debilita la calidad de los gobiernos y la provisión de servicios esenciales.
Ante todo esto, el BM plantea una serie de medidas prioritarias, que incluyen fortalecer los sistemas carcelarios, las fuerzas policiales y los sistemas de Justicia. Señala la necesidad de políticas de prevención dirigidas a jóvenes en situación de riesgo, incluyendo educación, programas de mentoría, resocialización y cambios en normas sociales para reducir la aceptación de la violencia.
También insta a los gobiernos a coordinarse a nivel regional e internacional para atacar el crimen organizado, ya que las redes delictivas trascienden las diversas fronteras nacionales.
“La región ha enfrentado este problema en el pasado y, con las reformas necesarias en la gobernanza, la creación de oportunidades para la juventud y la colaboración internacional, es posible hacer frente a los desafíos actuales y reducir su amenaza para el desarrollo”, concluye.
