Además, con la crisis climática, hay que agregarle la resiliencia, es decir, contar con una estructura económica y políticas públicas capaces de mitigar, adaptarse y recuperar las condiciones del crecimiento económico rápidamente, de manera que los factores climáticos no generen pérdidas de ingresos y activos y aumento de la pobreza.
La evidencia empírica a lo largo de la historia económica reciente indica las políticas necesarias para distribuir mejor los beneficios del crecimiento económico. Si bien están basadas en investigaciones rigurosas estas son de sentido común como el acceso a servicios básicos, infraestructura vial y digital, el fomento a la agricultura familiar y a las pequeñas y medianas empresas, la formación laboral, la protección social, la investigación en adaptación de semillas de alimentos, técnicas de producción, en estándares de calidad.
Ninguna de estas políticas es extremadamente cara. Cualquier economía que crece como la paraguaya puede financiarla si cuenta con un sistema tributario justo que además de recaudar contribuya a la redistribución, condición necesaria para la sostenibilidad del crecimiento.
La evidencia también muestra que no hay crecimiento a largo plazo cuando grandes sectores poblacionales permanecen en pobreza, sin capacidades educativas y laborales, trabajando en condiciones de vulnerabilidad y precariedad, con bajos niveles de consumo y productividad. Menos aún, hay condiciones para lograr competitividad en economías con jóvenes sin educación o niños trabajando desde tempranas edades.
Los dos datos importantes que muestran que el crecimiento en Paraguay no ha sido inclusivo es la persistencia de la pobreza, incluso entre las personas que trabajan, la informalidad laboral y los bajos niveles de ingresos.
Nuestro país requiere políticas que logren llegar a la mayoría de las personas y emprendimientos económicos, que integren adecuadamente las necesidades de educación y formación laboral, acceso a mercados y a información sobre estándares de calidad, protección a los riesgos por enfermedad, laborales o del cambio climático, servicios e infraestructura público universales.
Por supuesto, nada de ello se logrará en un contexto de corrupción sistémica o de inseguridad jurídica. La vigencia del Estado de Derecho en condición indispensable para el buen funcionamiento de la economía.
Las posibilidades de crecimiento inclusivo y de largo plazo dependen de múltiples factores, todos ellos posibles en nuestro país. Pero sin el compromiso de políticos, funcionarios públicos y los sectores económicos que detentan el poder será imposible un nuevo pacto social y económico en el marco de un diálogo y consenso nacional.
Las múltiples crisis que se están viendo en el mundo conllevan conflictividad social y política que no conviene a nadie. Ojalá nos demos cuenta a tiempo que con este patrón de crecimiento no lograremos desarrollo y, por lo tanto, no solo ponemos los objetivos del bienestar social sino también la construcción de una Nación pacífica y en el que rijan valores democráticos.
