La legislación, revisada por el CPJ, obligaría a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben dinero público o privado a presentar informes financieros al Ministerio de Economía y Finanzas cada seis meses.
También exigiría a las ONG que enumeren a las personas físicas y jurídicas con las que trabajan. Las organizaciones que no cumplan con los requisitos podrían ser cerradas.
El pasado 9 de octubre, el Parlamento aprobó la Ley de Establecimiento de Control, Transparencia y Rendición de Cuentas de Organizaciones no gubernamentales y ahora se encuentra en manos de Peña, quien tiene dos semanas para firmarla en ley o vetarla.
“Muchos medios independientes en Paraguay son organizaciones sin fines de lucro que dependen de la financiación internacional y esta ley les obligaría a revelar información y datos sobre las personas que trabajan para ellos podrían obstaculizar seriamente su trabajo”, dijo la coordinadora del Programa de América Latina del CPJ, Cristina Zahar.
Podría disuadir a los medios de comunicación de hablar en contra del gobierno o investigar asuntos de interés público, según refirió.
Advertencia. En julio pasado, tres relatores especiales de las Naciones Unidas advirtieron que el proyecto de ley podía restringir indebidamente los derechos a la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación.
El Comité Coordinador de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), una red de ONG, envió una carta a Peña, revisada por el CPJ y firmada por 66 organizaciones, pidiéndole que vete el proyecto de ley y trabaje con la sociedad civil para redactar uno nuevo.
La legislación llega mientras el Congreso investiga las acusaciones de que las ONG han participado en el lavado de dinero financiando campañas políticas.
Pese a los numerosos pedidos de veto, el cartismo avanza en su propósito.
