La próxima jubilación será en el 2030, cuando el ministro de mayor edad, César Garay Zuccolillo cumpla 75 años. El último en jubilarse fue Antonio Fretes en marzo del 2023 tras 20 años en el cargo, y fue reemplazado por Gustavo Santander Dans.
Actualmente, el ministro más joven es el ex senador liberal Víctor Ríos, quien tiene 54 años, y se jubilará en el 2046. Le sigue en edad Alberto Martínez Simón, con 56 años, quien se jubilará en el 2044.
En tanto que tres de los nueve miembros de la máxima instancia judicial tienen 61 años y se deberán retirar en el 2039. Ellos son Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander.
Unos años antes, en el 2032, se jubila Eugenio Jiménez Rolón, quien tiene 68 años. Y en el 2033, Luis María Benítez Riera, que tiene 67 años. En tanto que César Diesel, actualmente con 69 años, se jubila en el 2031.
Al declararse inamovibles, los ministros no necesitan que el Senado les confirme en sus cargos cada cinco años, y solo podrán ser removidos mediante un juicio político.
La inamovilidad se obtiene mediante una resolución de la Corte que establece declarar inconstitucional el artículo 19 de la Ley 609/95, que señala: “La duración del mandato de los ministros de la Corte Suprema de Justicia es de cinco años. Cumplido dicho periodo, cesarán de pleno derecho en el ejercicio de sus funciones”.
El ejercicio de la función de los ministros se regiría por el artículo 261 de la Constitución Nacional, que indica: “Los ministros de la Corte Suprema de Justicia solo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años”.
El único ministro de la Corte que no recurrió a la inamovilidad y cumplió su mandato de solamente cinco años fue José Altamirano.
El argumento para la inamovilidad de los miembros de la Corte y los magistrados es la independencia del poder político, ya que, de lo contrario, deberán ser confirmados en sus cargos por el Senado.
“Podemos asimilar cuán profundo cala el principio de inamovilidad de los jueces en la estructura de los gobiernos modernos. Nuestra Constitución ciertamente no es la excepción a este movimiento de independencia del Poder Judicial, fácilmente apreciable en los artículos 248, 252 y 261. Aún más, al ser el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, el custodio de la Constitución, queda evidenciada con mayor seguridad la independencia sistemática del mismo con relación a los demás Poderes del Estado”, expresaba la Corte en su escrito en 2021 cuando declaró inamovibles a Llanes, Martínez Simón y Jiménez Rolón.
En el escenario político, el Partido Patria Querida y una pequeña parte del Partido Liberal Radical Auténtico son los únicos en contra de la inamovilidad.
Por su parte, Víctor Ríos cuando asumió el cargo en el 2021 prometió que no pediría la inamovilidad y que sería confirmado cada cinco años, pero no cumplió. No obstante, negó que sea para defenderse de la injerencia política y argumentó que se debe a que no existe un proceso de confirmación en el cargo, que depende del Senado, por lo que tuvo que presentar la acción de inconstitucionalidad.
Juicio. La única vía para remover a un ministro es el juicio político y actualmente fue presentado un pedido contra el presidente de la Corte César Diesel, por parte de las víctimas de la mafia de los pagarés.
El hermano de Diesel es accionista en una de las empresas vinculadas con el esquema de estafas. El documento podría extenderse a los otros ocho ministros.
Las víctimas son cerca de 1.600 personas, que fueron afectadas por el esquema de descuentos irregulares y están agrupadas en la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés.
El documento, de unas 120 páginas, fue entregado el pasado lunes a la Cámara de Diputados.
El pedido se enmarca por la falta de respuestas contundentes en torno al caso, con una investigación del Ministerio Público que solo alcanzó a 19 empresas de las 145 detectadas dentro del esquema, e imputó solo a dos dueños de casas de cobro.
