Esto, en contraste con lo que había anunciado el Ministerio del Interior, que había indicado que las tobilleras electrónicas iban a ser implementadas a partir del 30 de diciembre pasado, lo que hasta ahora no ocurrió.
Los camaristas de feria de Central, Óscar Rodríguez Kennedy, Alicia Orrego y Joel Melgarejo habían resuelto, en mayoría, revocar la prisión preventiva al procesado por supuesta violencia doméstica, Alberto Segovia, y conceder el arresto domiciliario, con la aplicación por primera vez- de la tobillera electrónica.
Ante esto, ya la ministra Carolina Llanes, había referido que correspondía a la Corte establecer la implementación y las reglas. “Yo considero que este Tribunal se precipitó y no leyó lo que dice la ley”, expresó Llanes.
COMUNICADO. Tras estas declaraciones, al día siguiente ya vino el comunicado de la Corte Suprema de Justicia, que pidió a los jueces frenar la aplicación de las tobilleras electrónicas.
En su comunicado indica que “la implementación de los dispositivos electrónicos de control, conocidos como ‘tobilleras electrónicas’, se encuentra en su etapa inicial y requiere la aprobación de protocolos e instructivos reglamentarios para su correcta aplicación”.
Añade que “en cumplimiento de las Leyes N° 5863/24 y N° 7270/24, estas herramientas están destinadas a fortalecer la supervisión judicial, priorizando la protección de las víctimas y garantizando el respeto a los derechos de los procesados”.
Remarca: ”Hasta la aprobación de los lineamientos correspondientes, se ha solicitado a los magistrados aguardar dichas directivas, de conformidad a lo establecido en las leyes mencionadas, para garantizar su correcta aplicación”.
“La puesta en marcha comenzará con un plan piloto en la Circunscripción Judicial de la Capital, que será ampliado de forma gradual. Además, incluirá un sistema de alerta voluntario para víctimas, diseñado para reforzar su seguridad y garantizar el respeto a su privacidad”, dice.
Finalmente, expresa que el Máximo Tribunal “reafirma su compromiso con la modernización del sistema judicial, la transparencia y el respeto a los derechos humanos”.
“Instamos a todos los actores del sistema a adherirse estrictamente a los protocolos establecidos para garantizar que esta herramienta tecnológica cumpla con su objetivo de servir a la justicia y proteger a la sociedad”, finaliza.
