Se trata de la denuncia realizada por Jorge López Sosa contra el Estado paraguayo por detención ilegal, tortura y violación tanto a las garantías judiciales, como a la protección judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) convocó también al representante y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los hechos alegados ocurrieron en el año 2000. López Sosa era oficial inspector de la Policía Nacional. Su detención fue durante un estado de excepción en el Gobierno de Luis Ángel González Macchi.
Para la CIDH consideró que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Asimismo, concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos para prevenir y sancionar la tortura.
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De acuerdo con el documento de la Corte IDH, ni las partes, ni la CIDH ofrecieron “ningún tipo de prueba testimonial y/o pericial”.
La audiencia será por video conferencia el 27 de enero del 2023.
López Sosa había sido convocado a la Comandancia de la Policía Nacional en mayo del 2000. Luego fue asignado a la Comisaría 11ª donde fue despojado de su arma reglamentaria, esposado, vendado, golpeado e interrogado sobre el intento de golpe de Estado contra González Macchi, entonces presidente de la República.
Recientemente, la Corte condenó al Estado paraguayo por el asesinato de Santiago Leguizamón ocurrido en abril de 1991.
