El PT pidió en la víspera una investigación en la Corte Electoral, después de que el diario Folha de Sao Paulo publicara que un grupo de empresarios financia de manera ilícita una red criminal que envía millones de mensajes mentirosos por WhatsApp con ataques al PT y su abanderado, el progresista Fernando Haddad.
En su decisión, el magistrado Jorge Mussi estableció que Bolsonaro, líder en las encuestas, deberá manifestarse sobre las acciones denunciadas por el periódico en hasta cinco días naturales, pero negó los pedidos de registro y allanamiento en las empresas que, según el PT, estarían por detrás de la supuesta financiación ilegal de la campaña del ultraderechista.
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Según juristas, la práctica sería ilegal, pues se trata de donación de campaña de empresas, lo que es prohibido por la legislación electoral, y, de ser comprobada, la candidatura de Bolsonaro puede ser inhabilitada por abuso de poder económico y crimen electoral.
Además de Bolsonaro y su compañero de fórmula, Hamilton Mourao, el magistrado determinó que más de once personas, representantes de las empresas que fueron citadas en la decisión, igualmente deberán ser notificadas para que “presenten defensa, sí así desean”.
Mussi negó sin embargo los pedidos del PT de registros y allanamiento en empresas y residencias, pues consideró que toda la “argumentación” desarrollada en la petición está basada en “reportajes periodísticos”, cuyos elementos no “ostentan aptitud” para “demostrar el mérito de la tesis en la que se fundan los pedidos”.
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También este viernes, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, solicitó que la Policía Federal investigue si empresas de tecnología de la información estarían diseminando de manera “estructurada” noticias falsas, “referentes a los dos candidatos que disputan la segunda vuelta de las elecciones para presidente”.
En un comunicado oficial, la Fiscalía informó que el pedido fue encaminado en la noche de este viernes al ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann.
En el documento, Dodge igualmente destacó los “hechos mencionados en reportajes periodísticos” y subrayó que el objetivo de la investigación es “averiguar la existencia de una eventual utilización de trama profesional por parte de las campañas con el propósito de propagar noticias falsas”.
Según Dodge, el uso de recursos tecnológicos para difundir “informaciones falsas u ofensivas” en las redes sociales podría interferir en la opinión de los electores.
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“Eso es un afronte a la integridad de las elecciones y es una nueva realidad mundial que exige una investigación con la utilización de un cuerpo pericial altamente calificado y equipamientos adecuados para identificar la autoría”, señaló la fiscal en el comunicado.
En medio de la disputa, los operadores de Twitter y WhatsApp en Brasil informaron que bloquearon “centenas de miles de cuentas durante el periodo de elecciones en Brasil”.
