Lo que ya se manejaba como una cruda verdad en la calle y en los ámbitos de la actividad social y económica, finalmente se terminó confirmando a nivel oficial: Según los registros del Banco Central del Paraguay (BCP), la economía de nuestro país tuvo desde abril a junio de 2019 el trimestre más complicado de toda la última década. El producto interno bruto (PIB) sufrió una contracción de 3% en el segundo trimestre, respecto al mismo periodo de 2018, y acumuló una caída de 2,5% en el primer semestre.
Ya no podemos hablar de que se trata solo de una “desaceleración”, tal como lo venían sosteniendo los principales referentes del Equipo Económico del Gobierno. Ahora ya es una situación asumida que la economía paraguaya se encuentra en un cuadro de recesión como hace años no ocurría.
La última vez que el PIB reportó una caída trimestral mayor fue en el periodo de abril a junio del 2009, con una variación de -3,5% en ese mismo año, cuando la economía terminó contrayéndose en un 0,3%.
El reciente reporte dado a conocer por el BCP indica que todos los sectores, apenas con excepción de los servicios, han experimentado una reducción de sus niveles de producción, encabezados por los servicios de energía eléctrica y agua corriente, como el ámbito de las construcciones, ambos con un retroceso de 12%. Les siguen la agricultura, la ganadería, la industria y los impuestos a los productos. Si bien los servicios lograron crecer en un 2,3%, también han atravesado por una ininterrumpida desaceleración desde los trimestres anteriores.
Ante este panorama, se plantean los desafíos a encarar para buscar la pronta reactivación. Actualmente, la recesión generalizada limita mucho más la efectividad del Poder Ejecutivo, debido a un conjunto de factores que incluyen el clima adverso, los bajos precios internacionales de la soja, la brecha cambiaria desfavorable para el guaraní y las crisis no resueltas en ámbitos de la gobernabilidad política.
La necesidad de adoptar una “economía de guerra” pasa por mejorar las cuentas estatales a través de la eliminación de los gastos innecesarios. Para el efecto, urge recortar el uso indiscriminado de rubros de combustibles, viáticos y otros privilegios en que incurren altas autoridades de los tres poderes del Estado, al igual que un extendido número de funcionarios públicos. Se deben incluir en estos recortes los dispendiosos pagos a operadores políticos que persisten en las estructuras de la Justicia Electoral, así como revisar los cuantiosos subsidios electorales que se conceden a los partidos políticos, sin que la sociedad obtenga beneficios.
Resulta imperioso no conceder los numerosos pedidos de incrementos salariales que están demandando varios ministerios y entes públicos a los miembros de la comisión que estudia el Presupuesto de Gastos de la Nación en el Congreso. Por sobre todo, hay que reforzar el gasto social para tratar de evitar que sean nuevamente los sectores más humildes y necesitados de la población los que más sufran ante la recesión.
La conciencia de ajustar los cinturones debe partir de las autoridades y de la propia clase política, buscando estimular la participación solidaria para lograr repuntar la crisis y reactivar la economía.
