Paraguay obtuvo un puntaje de libertad económica de 65,2, lo que convierte a su economía en la 59° más libre del Índice. Esta mejora del puntaje se debe a un aumento de calificación en cuanto al tamaño del gobierno, que analiza la carga fiscal, el gasto público y la salud fiscal.
No obstante, en otros tres indicadores no hubo buen rendimiento, según los datos presentados el martes último. En el pilar del Estado de derecho, como en los tres indicadores que lo componen: Derecho de la propiedad, efectividad judicial e integridad gubernamental, el Paraguay puntúa por debajo de los 50 puntos. La calificación de Libertad Económica de este pilar es la de una “economía reprimida”.
Entre las principales conclusiones se menciona que en el indicador de la integridad del Gobierno se “hace hincapié en que la corrupción erosiona la libertad económica al introducir inseguridad y coerción en las relaciones económicas”.
Asimismo, señala que lo que más preocupa en este indicador es la corrupción sistémica de las instituciones gubernamentales y la toma de decisiones mediante prácticas como el soborno, la extorsión, el nepotismo, el amiguismo, el clientelismo, la malversación de fondos y los sobornos.
“La falta de integridad gubernamental que provocan tales prácticas reduce la confianza pública y la vitalidad económica al aumentar los costos de la actividad económica”, advierte el estudio.
Entre los aspectos preocupantes se cita que, si bien el derecho a la propiedad privada tiene rango constitucional, esto no armoniza con el contexto histórico actual, dada la falta de certidumbre sobre derechos y registros de propiedad correctamente manejados, lo que representa un gran obstáculo a la adquisición de títulos de propiedad de inmuebles, y que a su vez genera incertidumbre jurídica elevada sobre la propiedad privada.
“Durante el periodo de análisis, existió una significativa descoordinación entre la Dirección General de Registros Públicos del Poder Judicial, y el Servicio Nacional de Catastro, del Poder Ejecutivo, donde si bien se publicitó ampliamente los trabajos de fortalecimiento de ambas instituciones, en la práctica se observaron largas demoras y numerosos obstáculos para las transferencias de la propiedad inmobiliaria. Todo ello fue fuente importante para la corrupción, materializada por medio de gestores que ofrecen soluciones a los mismos problemas creados por el sistema y que al final terminó afectando al mismo tiempo a otro componente de este pilar: la Integridad Gubernamental”, revela el documento.
En cuanto al segundo componente, la efectividad judicial, hace hincapié en lo esencial que es contar con marcos jurídicos que funcionen adecuadamente para proteger los derechos de todos los ciudadanos contra actos ilícitos de otros, incluidos gobiernos y partes privadas poderosas.
El análisis realizado cuestiona que el Consejo de la Magistratura, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados son en la práctica altamente vulnerables a los intereses políticos, y al clientelismo de las fuerzas políticas coyunturales.
