Varios diputados y miembros de la sociedad civil se aprestan a presentar críticas y también pedido de modificaciones al proyecto que ya cuenta con media sanción. Si bien, sectores críticos se mantienen alerta a sabiendas de que el cartismo tiene una mayoría en diputados para avanzar con esta propuesta que consideran mordaza, apelarán al debate y el diálogo a invitación de varios diputados.
El principal cuestionamiento del diputado Mauricio Espínola es que no se haya debatido lo suficiente con las partes afectadas y además cercenar la participación. “Desincentiva la participación democrática de las organizaciones civiles por otorgar numerosas burocracias y trámites injustificados”, afirmó.
Para la diputada Rocío Vallejo desde donde se lo mire la medida es un “disparate”.
“Acá el artículo segundo, su alcance establece una nueva conformación de las organizaciones sin fines de lucro incluyendo hasta personas físicas, es decir, le meten a todo el que reciba un dinero dentro de esta categoría y hay que hacer un montón de actividades que si no las haces tenés unas sanciones que no vemos en otro lado. Y lo preocupante es que un disparate así tenga media sanción, apuntó.
Añadió que “se establece una nueva categoría de organizaciones sin fines de lucro, cuando que hoy estas organizaciones de hecho deben inscribirse en la Seprelad, son de la categoría sujetos obligados según la ley. Es decir, están sometidos a control, porque la Seprelad se puede ir a revisar que están haciendo, a auditar y hacer verificaciones”, sostuvo. Alertó de que las organizaciones que no buscan lucro y que hoy ya reciben partidas presupuestarias por parte del Estado tendrán un riguroso control, incluso más que muchas instituciones.
“Ahora las que están dentro del PGN cada año para recibir los aportes del MEF deben rendir cuentas y reunir los documentos y ya pasan por un riguroso control del Ministerio de Hacienda para los desembolsos respectivos”.
Cuestionado. De acuerdo a varias organizaciones que se verán afectadas por el proyecto y cuyo principal cuestionamiento es que el propósito es controlar “selectivamente” a las organizaciones que no se ciñan a los planes de gobierno, a la par de que no hubo el debido debate ni la apertura de los proyectistas para que los sectores revisen y interactúen en la medida.
Más de 80 organizaciones las que alertaron luego de que la propuesta normativa haya logrado media sanción.
“Esta ley, que debería promover la transparencia y la rendición de cuentas, parece ser utilizada para perseguir y silenciar a aquellos considerados oposición. Rechazamos categóricamente estas acciones y exigimos que se respete la legalidad y la Justicia, asegurando que la ley no se convierta en un instrumento de persecución política”, expresa el texto.
Los firmantes hacen un llamado a la comunidad y a las autoridades para que apoyen en la protección de la democracia y la libertad de expresión. Repudiaron la tergiversación, luego de que operadores cartistas se infiltraran en reuniones para desacreditar a organizaciones.
“Manifestamos nuestro repudio a la tergiversación y manipulación realizada por senadores con relación a una conversación desarrollada entre algunos representantes de organizaciones sociales”, finalizaron.
