El Banco Central reportó que la tasa de inflación interanual de los precios al consumidor alcanzó el 6,4% en setiembre. Por su impacto negativo en el poder adquisitivo de los segmentos más vulnerables de la población, además de las distorsiones que genera en las decisiones de inversión del sector privado, es importante comprender con claridad las causas de este repentino incremento en el nivel de precios, evaluarlo en perspectiva y tomar las medidas necesarias de política monetaria y fiscal para dominarla a tiempo y cumplir la meta fijada por el Banco Central a mediano plazo.
En una primera aproximación, es posible observar que es un fenómeno que está afectando a la mayoría de los países del mundo. Por ejemplo, en EEUU la inflación interanual a setiembre alcanzó un pico del 5,3% y en la Zona Euro del 3,4%. En Brasil alcanzó el 10,25% y en Chile un 5,3%. Por lo tanto, es probable que existan por lo menos algunos factores en común que están afectando los precios en los mercados globales y que se están trasladando a los precios internos en los distintos países.
En este sentido, el reciente informe sobre la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) aborda el tema del rebrote inflacionario mundial. Las explicaciones más relevantes para los países emergentes y en desarrollo están relacionadas, por un lado, con el impacto de la pandemia en la operatividad de ciertos puertos críticos y el desajuste entre la ubicación y la demanda de contenedores en el mundo, que incrementaron los costos de logística mundial y en consecuencia el costo en destino de los bienes comercializados internacionalmente.
Por otro lado, el fuerte incremento observado en los precios internacionales de las materias primas como el petróleo, los productos agropecuarios y los metales, alcanzando o superando los niveles de precios del 2014, último año del conocido como superciclo de los precios de commodities. Este comportamiento responde a un fuerte incremento observado en la demanda, principalmente impulsada por China Continental y por los amplios programas de inversión en infraestructura y energía limpia pospandemia anunciados en EEUU y Europa. Además, en esta oportunidad las monedas de los países exportadores de commodities en vez de fortalecerse como en ocasiones anteriores, se depreciaron, probablemente a causa de las expansiones fiscales y monetarias para mitigar los efectos económicos de la pandemia. Esta debilidad cambiaria empeoró aún más el impacto en los precios internos de los combustibles y de la canasta de alimentos de los aumentos en los precios internacionales de las materias primas.
Mirando en perspectiva, las dificultades de logística global irán normalizándose en línea con la vacunación y el control de la pandemia a nivel mundial, tal vez en uno o dos años más. En el caso de los commodities, los mercados de futuros indican un sostenimiento del precio del petróleo por lo menos hasta el 2023 y una reducción de los precios de productos agrícolas a partir del próximo año. Por otro lado, las monedas seguirán bajo presión adicional por el inicio de la normalización monetaria en los países desarrollados.
Si bien los factores subyacentes de la aceleración inflacionaria son de origen externo y aparentemente transitorios, los mismos persistirán en los próximos dos años. Con este escenario, la principal y difícil tarea del Banco Central será mantener ancladas las expectativas inflacionarias en su meta del 4% anual, para minimizar la difusión del actual proceso inflacionario, considerando la inercia generada por la indexación del salario mínimo, la naturaleza bimonetaria de nuestra economía, el elevado déficit de las finanzas públicas y el hecho de que la inflación será superior a la meta del Banco Central la mayor parte de los próximos 24 meses. Para lograrlo y evitar un exceso de ajuste más adelante, la institucionalidad macroeconómica implementada en la última década debe funcionar. El BCP debe acelerar el ajuste de sus tasas de interés y el Ministerio de Hacienda debe reducir el déficit fiscal para converger más rápidamente al tope del 1,5% del PIB fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente.
