Ya está en el Congreso Nacional el proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones y las posturas a favor y en contra no se hicieron esperar.
Se trata de un proyecto de ley bastante resistido por las organizaciones sindicales y un sector importante de los jubilados. Al mismo tiempo, hay un sector de los trabajadores que acompañan la iniciativa del Poder Ejecutivo. Los representantes del empresariado también dieron su acuerdo para que el proyecto de ley sea debatido y aprobado en las cámaras del Congreso.
La superintendencia de jubilaciones y pensiones tendrá la función fundamental de supervisar el funcionamiento de las distintas cajas jubilatorios y el correcto manejo de los fondos, producto de los aportes que realizan los afiliados y las rentas que se generan con las operaciones financieras. Es decir, velar por el correcto funcionamiento de las entidades de jubilaciones y pensiones y por sobre todo el manejo de los fondos para garantizar la jubilación a los beneficiarios y futuros beneficiarios.
El manejo del dinero, sin duda, producto de los aportes y las rentas es el tema principal del debate.
Desde los sectores que se oponen a la creación de las superintendencia argumentan que el objetivo de la ley es que el Estado pueda usar los fondos jubilatorios para financiar sus gastos o proyectos de inversión. Esto sería a partir de la emisión de bonos del Tesoro que serían adquiridos por las cajas de jubilación. Conforme con los datos disponibles, la única caja que actualmente cuenta con suficientes recursos es el Instituto de Previsión de Social (IPS).
Según los datos de la previsional, las inversiones financieras suman G. 12,4 billones (USD 1.707 millones), La previsional tiene en total G. 17 billones como portafolio (USD 2.339 millones) que están hoy dis distribuidos entre préstamos a los funcionarios, jubilados y pensionados. También tiene inmuebles de renta y dinero en caja y equivalentes.
Las demás cajas manejan menores volúmenes de dinero. Pero los detractores del proyecto de ley temen que el Estado empiece a utilizar estos fondos del IPS.
Desde el gobierno, sin embargo argumentan que el rechazo a la ley de superintendencia se debe a que los actuales administradores de las cajas jubilatorias no quieren ser controlados, dando a entender que existe una manejo desprolijo y discrecional por parte de los actuales administradores.
Desde el Ejecutivo señalan que sin la superintendencia los administradores de turno juegan con “arco libre” en lo que hacen al manejo de los fondos jubilatorios se refiere.
A esta situación se plantea la necesidad de crear un organismo que arbitre y controle el manejo de los fondos jubilatorios.
Otro punto que resaltan los detractores de la ley es la deuda histórica que mantiene en el Estado con el IPS. Según la carta orgánica del ente provisional el Tesoro debe aportar el 1% a las arcas jubilatorias, pero no cumple con este compromiso.
De acuerdo con los últimos datos, la deuda del Estado con la previsional es cerca de 500 millones de dólares. Hasta ahora el Tesoro no dio señales de que vaya a honrar la deuda. De este punto se valen los que se oponen a la creación de la superintendencia de pensiones para señalar que el Estado quiere financierar sus gastos emitiendo bonos que serán comprados por los fondos del IPS y, sin embargo, el Estado ya tiene una deuda impaga desde hace varias décadas.
De que existe la necesidad de una mejor supervisión del manejo de las cajas de Jubilaciones y Pensiones no hay dudas. Pero tampoco se puede aprovechar la situación para abrir las puertas y poner al alcance de todos los valiosos recursos para las futuras jubilaciones.
Los principios se seguridad y rentabilidad son esenciales para la colocación de estos fondos para garantizar un retorno honorable a los aportantes de las distintas cajas.
