El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, confirmó a Última Hora que ya se iniciaron los análisis y que, en ese marco, se solicitaron informes a más de 25 instituciones.
La única declaración jurada del diputado cartista Erico Galeano, que fue presentada al órgano contralor cuando asumió como legislador en 2018, fue sometida a un examen de verificación.
Torres explicó que no corresponde un examen de correspondencia, porque para ello se necesitan dos declaraciones juradas, de modo que se pueda comparar lo declarado al entrar y al salir del cargo.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió un informe al Ministerio Público el martes, en el que se detallan operaciones del legislador consideradas como sospechosas.
Según los datos que constan en el informe, en el año 2013, el diputado por Honor Colorado compró un lujoso inmueble en el complejo Acqua Village, en la ciudad de Altos, pero la propiedad no fue declarada ante Controlaría, tras asumir como legislador en el 2018.
La misma propiedad fue vendida por Galeano en el 2020 a Hugo González, implicado en el esquema criminal desmantelado en el marco del operativo A Ultranza PY.
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La operación se realizó por USD 1 millón y el pago se hizo en efectivo. Esta operación activó las alarmas de Seprelad, ya que se hizo una operación por G. 3.200 millones usando fajos de Fe Cambios.
El inmueble fue recientemente allanado y en él se encontró una factura a nombre del legislador y una camioneta de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, parte del esquema criminal en cuestión.
Otro de los puntos que llaman la atención sobre las operaciones de Galeano es que el diputado omitió en su declaración jurada de bienes 12 cuentas bancarias, de las cuales 11 estaban activas antes del 2018, cuando asumió como parlamentario.
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Además, una operación financiera que llamó la atención de Seprelad fue la transferencia que realizó Erico Galeano al ex presidente de la República Horacio Cartes, por un monto de USD 2,5 millones en el 2021. El legislador y Cartes son propietarios de tabacaleras.
El director de Declaraciones Juradas mencionó que se va a verificar y cotejar cada uno de los bienes e inmuebles consignados por el diputado y, en caso de hallarse inconsistencia o alguna omisión, se remitirá al Ministerio Público, de modo que se pueda determinar si corresponde o no una investigación.
El análisis de la Contraloría podría durar hasta tres meses. El plazo dependerá del tiempo que les lleve responder a la veintena de instituciones a las que les fueron solicitados informes.
