En la nota presentada a la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, la Contraloría General de la República pide la aclaración y rectificación de la directora de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia.
La funcionaria había mencionado que el organismo de control no cumple con la Ley 5.282, de acceso a la información pública, rechazando los pedidos de informes o directamente no recibe las notas de solicitudes de varios entes públicos.
En el documento remitido por la Contraloría dejan en claro que desde antes de la promulgación de la mencionada ley dicha institución demostró su buena voluntad y oficios en la implementación de políticas y mecanismos de acceso a la información pública.
También aclara, que ante la ausencia de un marco legal vigente, desde el año 2008 la institución gestionó al menos 283 solicitudes ciudadanas, todas ellas atendidas.
Por esa razón, a las autoridades de la Contraloría les resultan llamativas las expresiones de la funcionaria de la cartera de Justicia. Al mismo tiempo, recuerdan que el organismo de control goza de autonomía funcional y administrativa.
No obstante, en el escrito se menciona que de igual forma es necesario establecer canales de trabajo interinstitucional, que propicien mecanismos efectivos de cumplimiento de sensibles políticas relativas al acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
