A partir del escándalo mediático por la lujosa fiesta que la gobernadora de Concepción, Liz Meza, organizó por los 15 años de su hija, la CGR tomó el caso y, en una reunión realizada durante el feriado del lunes, se decidió verificar su capacidad económica.
“El contralor ordenó la verificación patrimonial porque hay que tener en cuenta que ella asumió como gobernadora también en el año 2023 y después de eso no tiene una nueva presentación de declaración jurada”, anunció en radio Monumental 1080 AM el director de Declaración Jurada de la Contraloría, Armindo Torres.
Lea más: Gobernadora de Concepción justifica millonaria fiesta de su hija
Comentó que este martes empezarán a enviar pedidos de informes a unas 27 instituciones –entre ellas la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Dirección General de Registros Públicos, la Dirección de Registros de Automotores–, al sistema financiero y cooperativas, así como a otros entes donde la gobernadora prestó anteriormente sus servicios.
Las instituciones consultadas tienen un plazo de 10 días para contestar, pero en ocasiones piden prórroga y se extiende más el proceso.
Teniendo en cuenta que está casada sin separación de bienes, el análisis se extiende al movimiento financiero de su esposo. De esta manera, se podrán cruzar datos entre los recursos obtenidos para la fiesta y las facturaciones realizadas según la DNIT.
“Si bien es cierto, no podemos dictaminar desde el 2023 en adelante, pero sí podemos realizar un control patrimonial para poder verificar la capacidad financiera de la gobernadora a fin de establecer la evolución patrimonial, los ingresos, los egresos y si tenía capacidad de realizar ciertos actos que se vienen denunciando a través de la prensa”, explicó Torres, agregando que también recibieron “denuncias anónimas en la Contraloría”.
Nota relacionada: “Nunca hicimos un derroche”, justifica gobernadora de Concepción
Liz Meza presentó desde el 2012 más de ocho declaraciones juradas ante la Contraloría, ya que desde ese momento se desempeñó en la función pública como médica, docente y luego como gobernadora.
“Ojalá que podamos tener rápido y así también cumplir con la expectativa ciudadana que demanda una mayor agilidad en los exámenes de correspondencia”, dijo el director de Declaración Jurada.
Aunque Torres admitió que será difícil conocer el costo real de la fiesta, atendiendo a que primeramente se hablaba de más de G. 1.000 millones y posteriormente la gobernadora sostuvo que el monto rondaba los G. 600 millones, sí se podrán comparar los ingresos y egresos “conocidos”.
