El organismo de control informó que encontró indicios de hechos punibles contra el patrimonio del Estado en el uso de fondos provenientes de Royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) por parte de la Municipalidad de Atyrá, entre el 2014 y 2015.
En el periodo mencionado, supuestamente, la Comuna encargó de forma directa tres contratos a una misma empresa constructora a nombre del ingeniero Walter Santo Báez por un monto de G. 132.000.000, cada uno para la “Coordinación, Planificación, Elaboración y Evaluación de las documentaciones para el reordenamiento catastral de los Inmuebles de la Zona Urbana del Distrito de Atyrá". Cada contrato fue abonado de forma integral, uno de ellos utilizando incluso recursos del Fonacide.
Según los auditores, los trabajos fueron realizados “con anterioridad a la fecha de los contratos y básicamente los tres informes tienen el mismo contenido con algunas variantes en el mes de enero de 2015 y en ninguna de las tres actividades se tuvo certeza técnica de los trabajos realizados”, informó la Contraloría.
Las investigaciones señalan que las obras no tienen valor económico alguno y denuncian un daño patrimonial de G. 396.000.000, debido a que no existen documentaciones que demuestren el trabajo realizado ni el fortalecimiento catastral durante los periodos de los contratos.
El caso ya pasó a manos del ministerio Público para su investigación final.
