La Contraloría General de la República (CGR) remitió al Ministerio Público un total de 32 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público, correspondientes al ejercicio fiscal 2024, que suman en daño patrimonial G. 1.293.271.642.237. La gestión fue presentada a detalle ante el Congreso Nacional.
La cifra representa un nuevo golpe a la transparencia en la gestión pública y evidencia la magnitud del daño económico que generan los delitos vinculados a la Administración estatal.
La información fue presentada en la Memoria CGR Informe de Gestión Institucional 2024, por el contralor Camilo Benítez, y el subcontralor general, Augusto Paiva, ante el presidente del Senado, Basilio Bachi Núñez.
Durante el 2024, la Contraloría llevó a cabo un total de 1.349 actividades de control, incluyendo auditorías financieras, de cumplimiento, de desempeño, fiscalizaciones especiales inmediatas, controles de destrucción de documentos, así como verificaciones de programas sociales como Hambre Cero, y evaluaciones técnicas del sistema de control interno MECIP.
Según el informe, los 32 casos remitidos al Ministerio Público están relacionados con la presunta comisión de delitos como lesión de confianza, malversación, apropiación y otros hechos vinculados al manejo irregular de fondos públicos. Las instituciones involucradas abarcan distintos niveles del Estado y jurisdicciones en todo el país.
La CGR recordó que su labor de fiscalización abarca a más de 400 instituciones públicas, además de entidades privadas que ejecutan recursos del Presupuesto General de la Nación.
Además de los aspectos operativos, el documento destaca que los principios de integridad pública, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana son pilares estratégicos que guían su accionar institucional.
