En un análisis publicado en la revista jurídica La Ley Paraguaya, el titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez Aldana, afirma que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene la tarea de fortalecer la transparencia ratificando las competencias de la CGR. El artículo del contralor alude a los municipios, gobernaciones y otras instituciones públicas que se resisten a ser auditadas, y en momentos en que la máxima instancia judicial debe analizar casos que involucran la tarea del ente contralor.
El trabajo, titulado Aspectos constitucionales e institucionales en el sistema de control de cuentas públicas en el Paraguay: crítica a una tendencia jurisprudencial, se relaciona a los fallos de la Corte en cuanto a las competencias del Tribunal de Cuentas y lo que implica esto para la Contraloría.
“La única forma de revertir esta situación es que la misma Corte tome cartas en el asunto, y encamine una línea jurisprudencial que se enmarque en los parámetros jurídicos del sistema constitucional, el esquema de control transparente de los bienes patrimoniales públicos en el Paraguay y que contribuya, en suma, al cumplimiento de los propósitos fijados por la Constitución para la CGR. Un país sano, próspero, justo, requiere de instituciones fuertes, y estos fallos, lastimosamente, sustraen la fuerza de un órgano creado ni más ni menos que por la Constitución para controlar –como la ciudadanía tanto lo espera y exige– que los fondos públicos sean bien utilizados”, señala Benítez.
El contralor recuerda que la Constitución de 1992 creó la CGR, y a través de una ley se eliminó la potestad del Tribunal de Cuentas para aprobar las cuentas de las entidades públicas.
El contralor señala que los problemas que afectan a la CGR surgen por las acciones de inconstitucionalidad de decenas de instituciones públicas, principalmente municipalidades y gobernaciones, pero también de la propia Corte, el Poder Legislativo y la Fiscalía General del Estado, contra la Ley N° 2248/03.
Ocurre que las acciones traen “como consecuencia que el Tribunal de Cuentas vuelve a recibir las partidas de rendiciones de los gastos públicos, compartiendo ipso facto de dicha manera tal tarea de control con la CGR, pero también llegando inclusive al punto de impedir, en un número creciente de ocasiones, que la CGR pueda ejercer su rol de control, pues las instituciones que tienen a su favor la medida judicial se escudan en ella para resistirse a otorgar documentaciones”.
Benítez agregó que el cuestionamiento a la ley es una actitud contraria a la transparencia, pues no constituye agravio alguno ser auditado por un organismo público, o al menos no debería serlo.
Confusión. El contralor subrayó que las acciones de inconstitucionalidad planteadas generan confusión y habilitan un subterfugio jurisprudencial que permite, al final de cuentas, tentar una escapatoria a los controles de la CGR en detrimento de la transparencia en la administración pública.
Cuestionó que la propia Corte haya accionado contra la citada ley para remitir sus cuentas a un Tribunal que se encuentra en relación de dependencia con la máxima instancia judicial, mientras existen fallos de la propia CSJ que apuntan que el sistema de control de los recursos y servidores públicos debe orientarse a la transparencia, el gobierno abierto y las rendiciones de cuentas.
En un artículo académico, el titular de la Contraloría, Camilo Benítez Aldana, afirma que la Corte Suprema tiene la tarea de fortalecer la transparencia ratificando las competencias de la CGR.
Un país sano, justo, requiere de instituciones fuertes (...), para controlar que los fondos sean bien utilizados.
Camilo Benítez,
contralor general.
Itaipú también se resiste a los controles del ente
La Contraloría General de la República espera la resolución de la Sala Constitucional de la Corte sobre la medida de urgencia para auditar los gastos sociales de Itaipú, pues el titular de la binacional, Manuel María Cáceres, se resiste a los controles. La acción cayó en manos del juez Édgar Rivas, quien derivó el caso a la Corte con una consulta constitucional. El ministro Antonio Fretes solicitó la ampliación de la Sala Constitucional al pleno de la Corte. Se debe determinar si la CGR tiene o no la potestad para auditor la binacional.
Pero por si fuera poco, el Poder Ejecutivo tiene en sus manos el proyecto de ley “que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá”, y debe promulgar o vetar la iniciativa esta semana, sentando un precedente considerado histórico.