La ausencia de un estado de derecho en la mayoría de los ámbitos constituye el principal problema para el desarrollo de nuestro país. Las normas se cumplen para unos, mientras que quienes tienen condiciones de violarlas y quedar impunes, lo hacen destruyendo los cimientos que permitirían la construcción de una sociedad cohesionada y obstruyendo cualquier posibilidad de avances sociales y económicos.
Esta condición casi anónima observada históricamente en el ámbito de los derechos a la salud y a la educación, al acceso a la tierra, al cumplimiento de las normas ambientales o laborales, hoy se está expresando bajo la forma del contrabando. Existen reglas que definen lo que está bien y lo que está mal y penalizan su incumplimiento. Sin embargo, solo se aplican a unos y no a otros.
El contrabando destruye los pilares de la producción, reduce puestos de trabajo y constituye una competencia desleal limitando las oportunidades de generar empleos formales. Alrededor se estructuran redes de corrupción e impunidad, corroyendo también la seguridad jurídica, tan necesaria para aumentar la inversión y mejorar la productividad y competitividad. Y por si fuera poco, limita los recursos tributarios ya exiguos, imprescindibles para garantizar el financiamiento del bienestar. Este círculo vicioso generado por el contrabando en el que todos pierden y pocos ganan nos lleva a un abismo social, económico y político. La posibilidad de salir bien de la pandemia está cada vez más lejos.
Ante la grave situación, los empresarios se unieron para implementar una campaña de concientización sobre los efectos nocivos del contrabando. La intención es buena; sin embargo, no considera aspectos estructurales que afectan a la ciudadanía.
Hace años que desde la agricultura familiar se pide el control de este flagelo que afecta a la capacidad productiva, y además tiene un fuerte impacto en la pobreza rural, que a pesar del crecimiento económico de los últimos años se ha mantenido relativamente alta y profunda.
La ciudadanía además les recuerda a quienes centran su atención en la demanda y no en la oferta que durante la pandemia, si no fuera por el contrabando de medicamentos, muchos no hubieran sobrevivido y la mayoría estaría endeudada a largo plazo. Desde la mirada de los consumidores, quienes permanentemente ven violados sus derechos y se encuentran desprovistos de la protección estatal, pedirles hoy que sacrifiquen su capacidad adquisitiva y su bienestar es casi una ofensa. Las redes sociales muestran la cotidianeidad de los abusos.
La situación empeora si se considera que estos consumidores en su mayoría sufren desde antes de la pandemia las consecuencias de un mercado laboral en el que sus derechos como trabajadores nunca fueron tenidos en cuenta. 65% de informalidad lo dice todo. Esto sin considerar al contrabando como una fuente de empleo para sectores que no cuentan con mejores opciones.
La lucha contra el contrabando es un fracaso no solo por la incapacidad del sector público para hacer cumplir las normas, sino fundamentalmente porque no pudimos construir una sociedad basada en la cohesión y solidaridad social, en la que las desigualdades no determinen exclusiones sociales y económicas tan graves como las que enfrenta el pueblo paraguayo.
