El contralor general de la República, Camilo Benítez, se refirió a la sanción de la ley que crea el Consejo Nacional Anticorrupción afirmando que promoverá la “cultura de la prevención” en el país.
“En Paraguay no existe una ley que promueva la cultura anticorrupción, que tiene que ver con el régimen de integridad, régimen de transparencia y régimen de prevención de la corrupción. La lucha contra la corrupción en Paraguay siempre fracasó categóricamente, pero la manera en que nosotros vemos un combate de la corrupción es con represión”, señaló el alto funcionario en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
El Consejo, según confirmó Benítez, estará conformado por representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Poder Legislativo, de la Presidencia de la República y un representante de la Contraloría General de la República.
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— Monumental AM 1080 (@AM_1080) November 13, 2024
👉🏼 La Cámara de Diputados sancionó ayer la ley que crea el Consejo Nacional Anticorrupción, el cual será encabezado por la Contraloría General de la República (CGR). Camilo Benítez, contralor… pic.twitter.com/5mIdwTps23
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El órgano podría establecer reglas unificadas para los concursos de ingreso de funcionarios públicos, un área que actualmente carece de criterios claros en Paraguay.
El proyecto crea el Consejo Nacional Anticorrupción y dispone que los bienes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) pasen a integrar la Contraloría General de la República (CGR). Actualmente está en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación.
En la versión original de la ley se establece un portal para realizar denuncias con tres modalidades y una de ellas era la denuncia anónima, que fue sacada. “La ciudadanía ni la prensa van a saber quién denunció, pero eventualmente en una investigación fiscal se podrá saber”, aclaró el contralor.
Benítez admitió que esto podría desalentar la denuncia por parte de funcionarios que quieran denunciar hechos de corrupción, por lo que está trabajando en otro proyecto para garantizar la protección de los denunciantes anónimos.
