Este proyecto tiene dictamen favorable, por lo que se espera su aprobación durante el estudio del tema previsto para hoy.
La cúpula de la Cámara de Diputados dedicó ayer un amplio estudio al proyecto con media sanción “Que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay”.
De acuerdo con el contralor, esta iniciativa busca que se avance hacia un Estado más transparente y sostuvo que el hecho de que la iniciativa sitúe al ente de control a su cargo como órgano rector de la ley, es una medida acertada debido a que su institución va a coordinar un Consejo que incluirá en la mesa a otros poderes del Estado e instituciones.
“La medida es acertada debido a que somos la institución de mayor autonomía de la República del Paraguay y eso no va a parar. La competencia de la Contraloría que le otorga la Constitución no se ve afectada con esta propuesta”, indicó.
Reiteró que además de la estructura necesaria para llevar a cabo tamaña responsabilidad, también el órgano de control tiene el bagaje y el personal especializado. “Ese Consejo que se va a crear no tiene nada que ver ni influye en la competencia constitucional que tiene la Contraloría de realizar fiscalizaciones. Aquí lo que se busca es enfocar la lucha de la corrupción también desde un ámbito de prevención”, apuntó.
Explicó que como la iniciativa hará posible absorber la Senac, también recaerá en la Contraloría la absorción presupuestaria de unos G. 2.500 millones y 14 funcionarios con que cuenta la Senac.
CLAVES. El proyecto crea el Consejo Nacional Anticorrupción y dispone que los bienes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) pasen a integrar la Contraloría General de la República (CGR).
Establece que este consejo estará conformado por los tres poderes del Estado; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada cámara del Congreso Nacional; el Gabinete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la CGR.
En este sentido, será la CGR la que ejercerá el rol de coordinación general en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
El proyecto concede a la Contraloría General de la República un marco legal sólido para que pueda liderar la lucha contra la corrupción de manera independiente y eficaz.
La Contraloría promoverá y supervisará la creación de unidades de transparencia y anticorrupción en cada organismo público.
La principal crítica que surge es que otorga un superpoder a la CGR y que las decisiones del Consejo, integrado por los tres poderes, podrían dirigir decisiones de la CGR
Al respecto, el diputado colorado Hugo Meza opinó que “esto fortalecerá los controles y reducirá los conflictos de interés en el combate a la corrupción”.
