En la Cámara de Diputados se sancionó este miércoles la propuesta que modifica el artículo 46 de la Ley 5876/17 de Administración de Bienes Incautados y Comisados, que ya fue aprobada por el Senado el pasado 23 de mayo, y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.
La normativa establece que los productos financieros, el dinero en efectivo y el producto de la subasta de bienes declarados en comiso deberán ser destinados a varias instituciones en porcentajes específicos.
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Un 20% será para la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), para gastos de operación, mantenimiento y preservación de los bienes incautados; otro 20% se destinará en partes iguales para el Ministerio Público y nuevamente a la Senabico, en este caso, para el fortalecimiento institucional.
El 10% quedará a la orden de la Secretaría Nacional Antidroga (Senad) o la Policía Nacional, dependiendo de qué institución haya realizado la primera intervención en un caso, y el 50% restante se utilizará para financiar proyectos aprobados mediante un consejo conformado por siete instituciones estatales.
Esta propuesta forma parte de las normativas conocidas como ley antilavado, que se trató este miércoles en la sesión ordinaria de la Cámara Baja, donde también estuvo previsto en el orden del día el estudio de la modificación de una ley que castiga los hechos punibles en torno al terrorismo y la asociación al terrorismo, agregando el castigo al financiamiento terrorista.
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Este proyecto fue aprobado con modificaciones y derivado al Senado.
Otro documento que debía ser estudiado es el que regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión y exclusión de la lista de sanciones elaboradas en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su tratamiento se postergó para dentro de una semana.
Este paquete de normativas es analizado en el marco de la próxima evaluación de nuestro país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo propósito es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
