LA PAZ
El Congreso de Bolivia suspendió al fiscal general, detenido tras ser señalado por EEUU de supuestos vínculos con el narcotráfico, y designó a un interino tras una prolongada sesión de urgencia.
Roger Mariaca, que ejerció la jefatura del Ministerio Público desde 2024 hasta su arresto el miércoles, será reemplazado por José Armando Urioste de forma interina.
Urioste tiene una amplia trayectoria como juez y académico en el departamento del Beni (noreste).
“Estamos recibiendo una institución que demuestra, por los acontecimientos de esta semana, que está totalmente empañada por actos de corrupción, manchada por la trayectoria lamentable de los colegas”, dijo Urioste.
“Vamos a investigar. Yo soy enemigo de hacer una cacería de brujas. Yo considero que hay un principio de presunción de inocencia, pero también existe el principio de objetividad”, indicó. La designación se realizó con 113 votos a favor y 11 en contra.
El Congreso tuvo que modificar primero la normativa para permitir la suspensión del fiscal general al existir en su contra una imputación delictiva o prisión preventiva.
La noche del viernes, el presidente centroderechista Rodrigo Paz promulgó la ley y el Congreso retomó la sesión para tramitar el reemplazo.
Mariaca es investigado por lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal, cargos que él niega. Esta semana, Washington le retiró la visa junto a otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Su captura dos días después fue “fruto de un esfuerzo de investigación y de trabajo silencioso, minucioso”, dijo el presidente Paz.
Horas después de la detención de Mariaca, la Fiscalía nombró como interino a Luis Montaño, el funcionario más antiguo de la institución, pero el gobierno de Paz desconoció la designación y anunció que sería detenido por usurpar funciones y obstaculizar las pesquisas contra Mariaca.
Según el Ministerio de Gobierno, el ex jefe del Ministerio Público habría brindado protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado por la policía en marzo de este año con ayuda de la DEA y expulsado a EEUU.
Por este caso también fueron detenidas el miércoles otras 13 personas: tres fiscales, seis funcionarios de la Fiscalía y cuatro individuos que intentaron retirar unos USD 300.000 del domicilio de Mariaca escondidos en una ambulancia.