Los religiosos y religiosas del Paraguay aseguran que la aprobación de esta ley y la represión no deben verse de manera aisladas ya que “están vinculadas a una injusticia histórica contra los más pobres”.
La Confepar expresa su dolor e indignación por la represión a los indígenas y el trato inhumano que recibieron tras las movilizaciones.
Aseguran que la presente ley “servirá para reprimir y criminalizar a personas, organizaciones sociales, campesinos y obreros que quieran luchar por sus derechos a un techo, a un trozo de tierra, a una mayor justicia”.
Asimismo, cuestionan que la aplicación de penas de protección a la propiedad sean más graves que aquellas que se establecen para el cuidado de la vida.
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Los integrantes de las comunidades religiosas aseguran que la modificación de la ley beneficia a un pequeño grupo y deja de lado el escándalo de las tierras malhabidas, invadidas y usurpadas a campesinos, indígenas y otros.
“En Paraguay, lo realmente urgente e importante son leyes que recuperen los bienes públicos, las tierras comunales y las pertenecientes a los indígenas y campesinos, así como las casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas, actualmente en manos de terratenientes, sojeros y narcotraficantes”, agrega el comunicado.
“Queremos señalar finalmente que esta reforma de la ley es contraria a la paz social. Esta es una grave responsabilidad del actual Gobierno. Urge sumarnos todas las personas de bien, los que soñamos por un país más igualitario, particularmente los cristianos, para hacer realidad las palabras de Jesús: ‘He venido a traer vida y vida en abundancia’ (Jn 10.10)”, concluyen.
El comunicado se da tras la rápida promulgación por parte del Poder Ejecutivo a la controversial ley que establece penas de hasta 10 años de prisión para las invasiones.
