El fiscal Luis Piñánez había requerido la pena de 4 años de encierro por cohecho pasivo agravado, mientras que el defensor público, Carlos Arce, requirió la absolución.
Quedó probado que la ex fiscala Antiabigeato de Paraguarí, Patricia Filippi, requirió la suma de G. 70 millones al intendente de la ciudad de Escobar, Elvi Ruiz Díaz, para no imputarle por enriquecimiento ilícito.
Tras la denuncia, se realizaron grabaciones y filmaciones. Se hizo una entrega de G. 25 millones, como adelanto, conforme se probó en el juzgamiento público.
En el juicio, la defensa cuestionó la forma en que se introdujeron las grabaciones de las conversaciones, con lo que pidieron la nulidad del proceso penal.
Además, cuestionaron las declaraciones como testigos del ex asistente fiscal, Adolfo Candia y el abogado Dino Dávalos, quienes habían sido procesados en el caso, pero tuvieron una suspensión condicional del procedimiento.
RESOLUCIÓN. El Tribunal de Sentencia explicó que en un fallo de la Corte, en el caso del desaparecido Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave), la Sala Penal dejó un precedente sobre las grabaciones, con lo que convalidaron las mismas.
Con respecto a las declaraciones de los ex procesados Candia y Dávalos, ya concluyeron la etapa de prueba, por lo que fueron sobreseídos definitivamente en el proceso, con lo que su testimonio era válido.
Además, en el juicio oral, se exhibió la filmación de la reunión que la entonces fiscales y el asistente, donde se solicitó el dinero, a más de otros audios que fueron escuchados durante las audiencias.
La denuncia del hecho se realizó el 21 de junio del 2019, por el entonces intendente de Escobar, Elvio Ruiz Díaz, quien falleció durante la pandemia.
Según los jueces, las pruebas eran contundentes, y probaban que hubo un pedido de coima al jefe comunal, para darle una salida a la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
Con ello, los magistrados entendieron que correspondía aplicarle una condena. Señalaron que la pena justa y útil, era la que solicitó el agente fiscal Luis Piñánez, de 4 años de encierro.
Ahora, la defensa puede plantear recurso de apelación especial ante el Tribunal de Apelación o ir ante la Corte, sea a través de un recurso de casación directa o una acción de inconstitucionalidad.
