La Corte Suprema de Brasil halló ayer culpables a dos políticos de haber ordenado el asesinato de la concejala Marielle Franco, ocho años después de este crimen que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Río de Janeiro.
La pena será fijada rápidamente después por los jueces de la Corte en Brasilia.
Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un ex policía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Río de Janeiro. Su chofer también murió.
El ex diputado Chiquinho Brazao y su hermano Domingos, ex legislador de Río, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la Corte.
Los Brazao “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este juicio que conmocionó a Brasil.
Desde el Concejo Municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones clandestinas en barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.
Según la Corte, Franco fue asesinada para dar un “recado” a la clase política carioca. Familiares suyos, políticos de izquierda y los abogados de los hermanos Brazao, en prisión preventiva, asistieron al juicio abierto el martes en Brasilia.
Formadas en Río hace unos 40 años por ex policías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
El martes pasado la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.
“Quien hace política en Río y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao. AFP
