04 mar. 2026

Condenan a 5 años de cárcel a ex concejal de Yuty

En juicio oral, esta mañana, condenaron a 5 años de cárcel a Carlos Alberto Franco, ex concejal de Yuty y ex presidente de la Asociación de Funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (AFESSAP), por estafa y tentativa de estafa a unas 60 personas, lo que dejó un perjuicio de más de G. 414 millones, según estimó el Tribunal de Sentencia.

663547af-6920-47f7-aef0-4ee65f0167d2.jpg

Condenado. El ex concejal Carlos Alberto Franco (que se dio vuelta a mirar) fue sentenciado a 5 años de cárcel.

Foto: Gentileza.

De forma unánime, los jueces Elsa García, Yolanda Morel y Matías Garcete declararon culpable al procesado Carlos Alberto Franco, tras entender que se probaron los hechos acusados por estafa y tentativa de estafa.

En el juicio oral, el fiscal Silvio Alegre y el querellante adhesivo Diego Tuma habían requerido la pena de 7 años de encierro, mientras que la defensa del encausado solicitó la absolución de culpa y reproche.

Según señalaron los jueces en setiembre del 2021, hubo un convenio entre la AFESSAP y la financiera Fast Credit, de modo que los socios del citado gremio pudieran acceder a créditos de la entidad, y la asociación realizaría los descuentos en forma directa de sus salarios.

Los magistrados indicaron que se probó que en sesenta oportunidades, personas –que no eran socias de la entidad– retiraron créditos, que luego no se pagaron, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 414.077.270.

Citaron varias declaraciones de testigos que indicaron que sacaron créditos a pedido del mismo Franco o de Víctor Argüello, que luego entregaron al ex concejal de Yuty, que supuestamente era para su candidatura política.

Incluso, les hacía firmar a las personas varios documentos, muchos de ellos, sin siquiera saber qué eran. Dijo que muchas de las víctimas fueron ciudadanos que vinieron desde Yuty para retirar el dinero.

Asimismo, se comprobó en el juicio que el acusado decía que ellos debían retirar el dinero de su financiera, y que era para no tener problemas con la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad).

Los jueces señalaron que se constató que hubo estafa y tentativa de estafa, con lo que se produjo el concurso de delitos, por lo que la pena iba de 6 meses a 7 años y medio de cárcel.

Tomando en cuenta esta situación es que indicaron que la pena justa y útil para el acusado era de 5 años de cárcel. Mantuvieron las medidas alternativas. El fallo se leerá el próximo 2 de setiembre, a las 13:00.

Más contenido de esta sección
El Tribunal de Apelación Penal destrabó el caso de la mafia de los pagarés, con relación al Juzgado de Paz de San Roque, con lo que el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, podrá fijar la audiencia preliminar. Los camaristas confirmaron el rechazo de acumular el expediente con el del Juzgado de Paz de La Encarnación.
El juez de Ejecución Penal, Carlos Mendoza, rechazó las salidas transitorias requeridas por la defensa del ex ministro de Educación Luis Alberto Riart, pero le otorgó permiso para trabajar bajo el régimen de semilibertad. Sin embargo, el condenado no aceptó las condiciones porque no se adecuaba al trabajo que realizaría y no tenía el dinero para la fianza impuesta.
Un hombre fue condenado a 17 años de años de cárcel luego de abusar sexualmente y de manera sistemática de su hermanastra de 12 años y dejarla embarazada. El hecho ocurrió en la ciudad de San Alberto, Alto Paraná, hace dos años.
El ex diputado Ulises Quintana, acusado en el caso del Operativo Berilo, solicitó en la mañana de este viernes, durante una audiencia de revisión, su libertad ambulatoria, tras revocarse las medidas sustitutivas que tenía de modo a realizar la audiencia preliminar. El juez Miguel Palacios deberá resolver la cuestión.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, recorrió en la mañana de este viernes los juzgados laborales junto con el ministro Luis María Benítez Riera. Entre otras cosas, señaló que existe un “retraso notorio” en el desembolso de los fondos del Poder Judicial, los cuales ya están presupuestados, por lo que debían coordinar con el Ministerio de Economía.