Durante el juicio oral, realizado en el Poder Judicial de Ciudad del Este, la representación fiscal presentó diversas pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron acreditar tanto la existencia del hecho punible como la responsabilidad penal del acusado.
El caso estuvo a cargo de la agente fiscal Vivian Andrea Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes N° 1 de la capital del Alto Paraná.
En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Milciades Ovelar e integrado por las magistradas Flavia Lorena Recalde y Emilia Santos, dictó la sentencia condenatoria en su contra.
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De acuerdo con los antecedentes, los hechos se registraron de forma sistemática entre los años 2019 y 2022, en un inmueble ubicado en el kilómetro 13 Acaray, distrito de Minga Guazú, y comenzaron cuando la víctima tenía 10 años de edad.
Los abusos fueron agravándose con el correr del tiempo. El agresor aprovechaba que su pareja y madre de la niña salía a trabajar para cometer los hechos.
Tras los ataques, amenazaba de forma constante a la víctima para que no contara lo sucedido.
Sin embargo, la niña no aguantó más la situación que enfrentaba y decidió confesar lo sucedido a su profesora, tras lo cual se radicó la denuncia formal ante el Ministerio Público.
En el marco de la investigación, la Fiscalía dispuso una inspección física por parte de un médico forense y una evaluación psicológica de la menor a cargo de una profesional del Centro de Atención a Víctimas. Los estudios confirmaron que la niña sufría de abusos sexuales sistemáticos.
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Asimismo, durante la entrevista en la Cámara Gesell, la menor relató pormenorizadamente los abusos sufridos en poder de su padrastro.
Los hechos pudieron ser probados durante el desarrollo del juicio oral, que finalmente derivó en la condena de 17 años de prisión para el agresor.
La identidad del condenado se omite en cumplimiento de las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que pudieran permitir la identificación de menores de edad en carácter de víctimas o autores de hechos punibles.
