Condenados por la muerte de Silvino Talavera quedan libres

El juez interino de ejecución de Encarnación, César Daniel Delgadillo, dispuso suspender la condena de dos años impuesta a finales del año pasado a los sojeros de origen alemán Alfredo Laustenlager y Herman Schlender, quienes fueron hallados responsables de homicidio culposo del niño Silvino Talavera, ocurrido en enero de 2003, en el distrito de Pirapey. Los productores sojeros habían fumigado al menor de cuerpo entero con potentes herbicidas, lo que posteriormente le produjo la muerte.

18:26-23/02/07

Ante la disposición del juez César Delgadillo, los padres de Silvino Talavera Villasboa, Juan y Petrona, interpusieron ante el Tribunal de la ciudad de Encarnación un recurso de apelación general contra la disposición que dejó sin efecto la pena carcelaria de dos años establecida para los ciudadanos de origen alemán Alfredo Laustenlager y Herman Schlender, hallados culpables de la muerte del menor.

Los productores sojeros habían sido condenados en octubre del año pasado a dos años de prisión, sin sustitución de pena, por producción de riesgos comunes y homicidio culposo del niño Silvino Talavera, por el Tribunal de Apelación de Encarnación (Itapúa).

A finales de noviembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia y dispuso su ejecución, pero sorpresivamente el 26 de enero de este año el juez de ejecución interino, César Daniel Delgadillo, decidió suspender la condena.

Como medida sustitutiva, Delgadillo decidió que ambos condenados limpien dos veces al mes las instalaciones del centro de salud de Pirapey (donde vivía Silvino), reforesten con especies nativas el predio del club social de la misma localidad y adecuen su producción sojera a lo establecido en la ley 294/93 de Impacto Ambiental.

Igualmente, los condenados deberán comparecer trimestralmente al Juzgado de Encarnación y permanecer en la misma dirección domiciliaria. También tienen prohibido beber bebidas alcohólicas, portar armas de ningún tipo y salir del país.

La familia del pequeño Silvino, muerto en el 2003 tras exponerse a la fumigación del sojal ubicado junto a su vivienda, sostiene que la disposición judicial es inconstitucional, atendiendo a que un juez de ejecución no es la autoridad competente para esta decisión. Además, el juez Delgadillo también formó parte del tribunal que condenó a los responsables.

AMENAZAS. La familia de Silvino también denunció que recibe amenazas en la localidad de Pirapey, donde se realizó una reunión de quienes apoyan a los condenados. En la misma se habría señalado que si Schlender y Laustenlager van a la cárcel "correrían ríos de sangre" en la zona.

El documento de apelación, del abogado Juan Martens Molas, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de DDHH, sostiene también que la misma esposa de Hermann Schlender realiza actos de coacción a través de la difusión de informaciones falsas sobre la familia Talavera Villasboa dentro de la comunidad de Pirapey.

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