El condenado, un ciudadano turco de 29 años, fue considerado el viernes culpable de abusar de ocho niños sirios durante, al menos, tres meses.
Los medios locales aseguran que hay más casos de abusos pero que las familias han decidido no denunciar por miedo a ser deportados.
Según la agencia Dogan, el condenado pagaba a los menores entre 0,7 y 1,7 euros para que no denunciaran los abusos, que se producían en los aseos del campamento, donde trabajaba como empleado de la limpieza.
Los ataques ocurrieron en el campo de Nizip, en el sureste de Turquía y cerca de la frontera con Siria, en el que residen unos 14.000 refugiados de la guerra en ese país.
El acusado no ha negado los hechos y ha asegurado que otros trabajadores, e incluso la dirección del centro, también participaron en los abusos.
El diario BirGün, que sacó a la luz el caso a mediados de mayo, responsabiliza a la Agencia estatal de Emergencias, que gestiona ese campo de refugiados, de lo sucedido.
La canciller alemana, Angela Merkel, visitó en abril este campo como parte de su programa para conocer de primera mano la situación de los refugiados en Turquía, dentro del acuerdo de deportación de emigrantes desde Europa.
