José Antonio Delvalle, candidato a subcontralor, señaló que cuenta con casi una década de experiencia en la función pública y actualmente se desempeña como director de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).
Delvalle sostuvo que la Contraloría tiene una “oportunidad histórica” para reafirmarse como una institución que no solo detecte irregularidades, sino que también contribuya a prevenirlas y a fortalecer la gestión pública. Afirmó que, de ser electo, buscará modernizar el control preventivo y colaborar estrechamente con el contralor para fortalecer la capacidad operativa del organismo.
“No podemos seguir ejerciendo un control que actúe únicamente cuando el daño al patrimonio público ya ocurrió. El Paraguay necesita una Contraloría que anticipe los riesgos y actúe antes de que las irregularidades se materialicen”, expresó.
También prometió una gestión “más efectiva, preventiva y orientada a resultados”, apoyada en herramientas tecnológicas y en el fortalecimiento del funcionamiento interno de la institución.
A su turno, el candidato a subcontralor Christian Daniel Barba destacó sus 23 años de trayectoria en la función pública, de los cuales más de una década transcurrió en la CGR, donde ocupó diversos cargos hasta llegar a director general de Asuntos Jurídicos. Actualmente se encuentra comisionado al Ministerio de Obras Públicas como asesor jurídico del Viceministerio de Transporte.
Barba planteó tres ejes principales para una eventual gestión: priorizar el control preventivo, incorporar inteligencia artificial acompañada del factor humano y fortalecer la naturaleza constitucional de la Contraloría como órgano de control.
Asimismo, propuso revisar el convenio vigente entre la Contraloría y el Ministerio Público para que los resultados de las auditorías tengan consecuencias concretas.
“Los resultados de las auditorías no pueden convertirse solamente en números dentro de un informe, sino que deben traducirse en sanciones para los responsables y en la recuperación de los bienes malhabidos”, manifestó.
Posteriormente, expuso el candidato a contralor Saúl González Ayala, abogado, notario y escribano público, quien resaltó sus 24 años de ejercicio profesional y su paso por el Poder Judicial.
Se comprometió a fortalecer los mecanismos de control del uso de los recursos públicos mediante auditorías más eficientes, oportunas y con mayor acceso ciudadano a la información.
Asimismo, señaló que la prevención de la corrupción debe apoyarse en el fortalecimiento de los sistemas de control interno y en la capacitación permanente de funcionarios.
“Buscaré que cada guaraní que pertenece al Estado sea bien utilizado y que las instituciones puedan ser controladas de forma fehaciente”, afirmó.
Luego le tocó el turno a la candidata a la Subcontraloría Ruth Carolina Galeano Duarte, funcionaria de la Contraloría desde hace 22 años y directora de Control de Bienes Patrimoniales de la Administración Descentralizada.
Entre sus principales propuestas mencionó el fortalecimiento del control preventivo y concomitante, la digitalización total de los procesos de auditoría, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y la creación de una aplicación móvil para facilitar el acceso ciudadano a la información y mejorar la trazabilidad de los trabajos de control.
También propuso crear un instituto de formación para funcionarios de la Contraloría, implementar un sistema de certificación para auditores gubernamentales, fortalecer la capacitación permanente y revisar la normativa interna de la institución, incluida la Ley Orgánica de la Contraloría.
Otro de los planteamientos fue el de restablecer el anonimato en las denuncias ciudadanas. “Actualmente, las denuncias son nominativas y eso impide que muchas personas se animen a denunciar por temor a eventuales represalias o denuncias falsas”, argumentó.
Galeano afirmó además que, en caso de ser designada, actuará con autonomía e independencia, denunciará cualquier hecho punible del que tome conocimiento y acompañará las tareas del contralor con el objetivo de fortalecer la transparencia y la credibilidad institucional.
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Otro de los aspirantes a la Subcontraloría fue Cosme Torres, abogado y actual especialista en Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay. A diferencia de otros postulantes, destacó que nunca ocupó un cargo en la función pública y presentó un plan basado en cinco acciones agrupadas en tres ejes: fortalecer el ciclo del control, mejorar la coordinación con el Ministerio Público y modernizar la Contraloría mediante el uso de tecnología.
Torres propuso instaurar un sistema de control por etapas, que incluya la identificación temprana de riesgos antes de la ejecución del gasto, controles concomitantes durante la ejecución, auditorías posteriores y un seguimiento efectivo de las recomendaciones. Sostuvo que el éxito de la Contraloría no debe medirse únicamente por la cantidad de auditorías realizadas, sino por el impacto concreto de sus intervenciones y la corrección de las irregularidades detectadas.
Asimismo, planteó fortalecer la comunicación técnica con el Ministerio Público para dar seguimiento a los antecedentes remitidos por la Contraloría e incorporar herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para detectar alertas tempranas en declaraciones juradas y contrataciones públicas. No obstante, advirtió que estas tecnologías deben utilizarse con criterios de seguridad, trazabilidad y supervisión humana. También propuso fortalecer el rol de las sindicaturas como mecanismos de alerta temprana y sostuvo que la modernización de la institución requerirá mayor inversión en infraestructura tecnológica, capacitación y personal especializado.
También compareció Armindo Torres, actual director general de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Contraloría, quien defendió la necesidad de transformar el modelo tradicional de control posterior hacia un esquema de control concurrente apoyado en herramientas tecnológicas.
El postulante señaló que la Contraloría debe monitorear en tiempo real programas de alto impacto social, licitaciones y contrataciones públicas mediante plataformas de análisis de datos e inteligencia artificial, con el objetivo de detectar riesgos antes de que se produzca un perjuicio al patrimonio público. Además, propuso desarrollar un sistema automatizado para el control patrimonial y de conflictos de intereses mediante el cruce de declaraciones juradas con registros públicos y otras bases de datos estatales.
Torres sostuvo que para implementar ese modelo será necesario actualizar la Ley Orgánica de la Contraloría y la normativa sobre declaraciones juradas, de manera que la institución pueda acceder de forma directa a los registros públicos e intercambiar información con otros organismos del Estado. También planteó avanzar en la digitalización e interoperabilidad de los sistemas públicos y fortalecer la capacitación permanente de los funcionarios.
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Tras su exposición, el senador Dionisio Amarilla le solicitó que detalle qué iniciativas había impulsado durante su gestión en la Contraloría para mejorar la institución, teniendo en cuenta que ocupa un cargo estratégico y que su nombre ha tenido amplia repercusión pública en los últimos días. El presidente de la comisión complementó la consulta y le pidió explicar cuáles fueron los cambios implementados desde que asumió la Dirección General de Declaraciones Juradas.
En respuesta, Torres afirmó que promovió la actualización del reglamento para los exámenes de correspondencia patrimonial, impulsó un anteproyecto de ley relacionado con las declaraciones juradas de proveedores del Estado, participó en la elaboración del reglamento de sumarios administrativos y propuso la compra de un escáner profesional para digitalizar las declaraciones juradas, medida que aseguró permitió ahorrar al Estado más de G. 1.500 millones respecto al costo previsto para ese trabajo. Además, sostuvo que durante su gestión aumentó la cantidad de exámenes de correspondencia, sumarios administrativos y remisiones de antecedentes al Ministerio Público.
Dos candidatos no se presentaron en la fecha; se trata de Fernando Luis Haitter y Antonio Olmedo Caballero.
