El concejal y precandidato a intendente por la disidencia colorada en Luque, Diego Romero, cuestionó al legislador cartista Rodrigo Gamarra por sus declaraciones en un acto político, donde pidió al senador de su mismo equipo político Derlis Maidana, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que esté “atento” al trabajo de la Fiscalía.
Romero calificó la postura como una “cantinfleada” y denunció una intromisión directa en otro poder del Estado, advirtiendo que este tipo de expresiones pueden interpretarse como una presión indebida sobre la fiscala Sophia Galeano, quien imputó a Aída Aquino de Farías, madre del precandidato a intendente de una de las listas de HC en Luque, Hugo Farías, debido a que en su local, Arte Culinario, un joven de 20 años sufrió la amputación de una mano operando una de las maquinarias. La empresa es proveedora del programa Hambre Cero.
El JEM es el órgano extrapoder que se encarga de enjuiciar a jueces y fiscales.
“Lo que hizo el diputado fue entrometerse directamente en otro poder del Estado y le pide al senador Maidana, quien es nada más y nada menos, que miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que atienda el trabajo de la fiscala y esa una amenaza directa”, aseveró el edil luqueño.
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“El problema de fondo no es político, es humano”, enfatizó Romero, al referirse al caso de un joven que perdió una mano mientras trabajaba en condiciones precarias, según relató.
Mencionó que el joven afectado “no tenía ni la más mínima seguridad cuando estaba operando una máquina de ese nivel (trituradora). Estaba con short, zapatilla y remera y en el local hacía un calor de mierda”.
Destacó que desde la Junta Municipal de Luque se conformó una comisión para fiscalizar el programa Hambre Cero tras el accidente en la que se constató la falta de condiciones adecuadas en el lugar de trabajo. “Ninguna candidatura vale más que la vida y la dignidad de un trabajador”, remarcó.
Romero precisó que tanto Gamarra como Maidana tuvieron una actitud reprochable con este tipo de posicionamientos, y sostuvo que las autoridades deben permitir que el Ministerio Público actúe sin interferencias. “Lo que corresponde es proteger a los más vulnerables, no ejercer presión sobre quienes investigan”, concluyó.
