Una nueva denuncia fue presentada el miércoles contra el gobernador de Central, Hugo Javier González. Concejales departamentales del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) denunciaron que en su gestión se registró un perjuicio patrimonial de G. 18.000 millones que no tiene documentos de respaldo.
El edil Derlis Larroza habló al respecto este jueves en una comunicación con radio Monumental 1080 AM y manifestó que se denunció ante el Ministerio Público “atendiendo que es el órgano que debe iniciar la investigación”.
Sin embargo, acotó que la Fiscalía “no movió un dedo” con respecto a la situación en general contra la administración de Hugo Javier, quien sigue sin estar imputado, pese a las irregularidades confirmadas por Contraloría y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
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Sobre el jefe departamental pesa una primera denuncia sobre un supuesto esquema de falsificación de facturas, creado para justificar el uso del dinero público entregado a la Gobernación de Central en el marco de la pandemia del Covid-19.
“Evidentemente, no vemos ánimos (en Fiscalía), pero nuestra responsabilidad es hacer todo lo que está a nuestro alcance”, expresó Larroza.
El concejal liberal había planteado la intervención inmediata a la administración de Hugo Javier González, tras las denuncias realizadas por supuesta clonación de facturas y desvío de fondos en la institución.
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Al respecto, indicó que 10 ediles pidieron por la intervención y que elevaron los informes pertinentes de la Contraloría General de la República (CGR) a la Fiscalía.
El órgano contralor emitió la semana pasada el informe final sobre las transferencias de la Gobernación del Departamento Central a entidades sin fines de lucro, en el año 2019 por valor de G. 18.345.915.685.
Según el documento, la administración de González transfirió a la Fundación CIAP, centros educativos municipales, departamentales y otros, consejos regionales de salud, asociación Plantemos Conciencia, Comisión Nacional Organizaciones Populares y a la Asociación Ecodesarrollo.
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La Contraloría objetó que no se haya remitido un listado de entidades beneficiarias, tampoco se presentaron rendiciones de cuentas.
La directora general de Control Gubernamental de la Contraloría, Gladys Fernández, en ese entonces aseguró que había méritos suficientes para que la denuncia sea realizada e investigada por el Ministerio Público.
Este hecho se suma a que el pasado 8 de julio, la Secretaría Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) presentaron una denuncia por la falsificación de facturas y otras inconsistencias halladas en la rendición de cuentas de la Gobernación.
