Este proyecto de ley responde a una investigación internacional que desnuda la problemática sobre la millonaria pérdida en impuestos por parte de los exportadores.
Los proyectistas argumentan que la propuesta aborda dos aspectos cruciales: La perspectiva ambiental y social, regulando todo el proceso de comercio de residuos, y la perspectiva financiera y tributaria, que regula el comercio internacional de estos materiales.
Actualmente, existe una fuga de más de cien millones de dólares en impuestos debido a la subfacturación por parte de los exportadores de residuos, según el proyecto de ley.
Estos exportadores declaran valores subfacturados para eludir obligaciones legales y evaden impuestos aplicables, moviendo dinero a través del sistema informal de transferencia “HAWALÁ”, ejecutado mediante casas de cambio y evadiendo controles estatales.
Para abordar estos problemas, se incluye la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero para prevenir el lavado de dinero, y la Secretaría Nacional Antidrogas para evitar que el narcotráfico utilice este canal de comercio para tráfico ilegal o transferencia de fondos.
Desde una perspectiva ambiental, el reciclaje es esencial para reducir la extracción de materias primas y la emisión de gases de efecto invernadero.
La producción de metales y plásticos requiere grandes cantidades de energía y emite contaminantes. Los residuos metálicos se dividen en dos grupos principales: Ferrosos, que contienen hierro (como restos de automóviles, electrodomésticos, y estructuras metálicas), y no ferrosos, que no contienen hierro (como aluminio, cobre y bronce).
Los plásticos de polietileno tereftalato (PET) se utilizan como resina reciclada para la producción de nuevos productos.
A comienzos de este mes ya hubo una reunión sobre el punto .
