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Con nuevo estatuto, Rectorado UNA debe enfrentar 200 juicios abiertos

Solo ocho abogados del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) deben afrontar alrededor de 200 demandas judiciales que inició la institución o que se entablaron en su contra.

El actual estatuto de la UNA establece en su artículo 58 que “el rector es el representante legal y dirige las actividades” de toda la institución. Por lo que, tras el corte administrativo –cumplido el 3 de mayo pasado–, la Dirección de Asesoría Jurídica del Rectorado se topó con centenares de expedientes judiciales abiertos que afectan a la UNA.

“Cuando habíamos hecho el corte administrativo nos encontramos con que había 47 juicios abiertos y que afectan a la UNA. Pero no es cierto, tenemos 200 juicios”, revela Nelson Echauri, director de Asesoría Jurídica de la UNA.

Refiere que con el Estatuto anterior existía la posibilidad de que cada unidad académica ejerza su defensa: “Algunos tienen a la UNA como accionante, otras son demandas contra la institución y en ciertos casos está en condición de víctima”, señala sobre eso último, que guarda relación con los sonados casos sobre cobro indebido de honorarios registrados durante la administración de Froilán Peralta.

“Hay diversidad de juicios tanto con proveedores que son demandados por la universidad como casos donde se entablan demandas de funcionarios y docentes destituidos que estaban con Froilán. También hay defensas posesorias por los inmuebles que tenemos en todo el país”, enumera algunos.

Echauri estima que entre 10 y 15% de los casos ya prescribieron; otros caducaron porque fueron encajonados o están a la espera de un fallo.

“Tenemos un caudal importante de juicios. Estamos trabajando para las 14 unidades académicas en sus 12 departamentos y acá estamos solamente entre ocho abogados”, apunta sobre la necesidad que tiene la institución de incrementar el bufete de abogados de la UNA.

El grueso de los juicios se concentra entre 2013 y 2016. Gran parte de los juicios que entabla la universidad “tienen que ver con cuestiones relativas a presupuesto, los decretos reglamentarios que topean la cantidad de rubros docentes que generalmente suelen ser atacados de inconstitucionales”, refiere.

Hay cinco acciones de inconstitucionalidad –dice– que tienen medidas cautelares que todavía no fueron resueltas en cuanto al fondo de la cuestión. Como es el primer año de la rectora, Zully Vera, existe una premura en resolver los casos. Pero buscan que los procesos sean llevados con transparencia ante la comunidad educativa. “Estamos teniendo mucho cuidado en todo lo que se realiza porque lastimosamente tenemos que cargar la mochila de administraciones anteriores; eso no justifica en ninguna forma de que existan errores, tenemos que tratar de minimizarlos”, se excusa.

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Anteriormente los juicios que eran por destitución, sumarios y demás eran llevados a cabo por cada una de las facultades. Nelson Echauri, asesor jurídico de la UNA.

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