Con chicanas jurídicas, carreras funcionan como “buses chatarras”

Hace casi tres años, con motivo del quinto aniversario de la puesta en marcha del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) –creada a instancias de la Ley N° 4995/13– el otrora presidente del ente rector, Hildegardo González, había advertido que las medidas cautelares “así como en la época de los buses chatarra, que se habilitaban por orden judicial, hoy corremos el riesgo de tener carreras chatarras, bajo la misma sistemática”.

Hasta ese entonces había como seis instituciones que apelaron a la medida cautelar. Hoy solo quedan dos: Las carreras de salud de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD) y dos ofertas de Medicina de la Universidad Privada María Serrana (UPMS).

En el contexto de María Serrana, cuyas dos filiales de Medicina se reactivaron mediante un amparo concedido por una jueza en lo Civil y Comercial –lejos de algún criterio académico–, el actual titular del Cones, Narciso Velázquez, también comparó el andar de estas carreras con las unidades del transporte público que brindan un pésimo servicio.

“Tremendamente nefasto es el precedente”, atacó la medida cautelar señalada sin dejar de explayarse después: “Ya tenemos otros hechos similares. En su momento, el órgano que controlaba a los vehículos de transporte público, había sacado de funcionamiento a los buses chatarras porque no tenían las condiciones para funcionar y transportar gente. De acuerdo a la inspección, no tenían freno, no tenían los neumáticos en condiciones, etc. Y sin embargo, un juez dijo: ‘Que sigan funcionando así los buses chatarras’”.

Considera que “es mucho más grave” conceder ahora vía libre a ofertas del área de la salud sin que cuenten con las condiciones mínimas para operar. “Decir que sigan funcionando las carreras así como están, sin tomar ninguna consideración, realmente es gravísimo”, sostuvo.

Ante esta situación, el ente rector pública en su página web las carreras que operan con medida cautelar. Esto con el fin de hacer saber las condiciones en que se encuentra esa carrera que se desea estudiar. “Ya hemos vivido también situaciones similares y entonces el Cones lo que hacemos es publicar que funciona con medida cautelar. Y la medida cautelar es justamente un amparo en el cual el Cones no entra; no se garantiza absolutamente esa oferta académica. La garantía es la decisión del juez, quien en este caso es el responsable de lo que pasa ahí adentro”, lanzó.

Perjuicio. Uno de los fundamentos esbozados en fallos judiciales que conceden dichas medidas cautelares es el daño o perjuicio “incalculable” que produciría, tanto para la institución demandante como para los alumnos, la no adjudicación del amparo; de manera a que puedan proseguir sus estudios, hasta tanto se resuelve “el fondo de la cuestión” en tribunales.

“Aguardar el tiempo de duración que lleva la definición de un fallo, aun en una eventualidad favorable a la parte actora, puede resultar además de extemporáneo, estéril, ya que el daño al instalarse en estas condiciones pueda causar consecuencias irrecuperables”.

Esto es lo que reza, a grosso modo, la argumentación de un tribunal cuyos integrantes hicieron lugar al pedido de medida cautelar de la UTCD para dejar sin efecto la Resolución N° 426/19 del Cones, por el cual se dispuso la clausura de todas las ofertas de salud de la filial Quiindy de esa institución; así como de las carreras de Enfermería y Obstetricia de Ybycuí; la filial de Villarrica (Enfermería, Obstetricia, Kinesiología y Fisioterapia y Nutrición) y la sede de Coronel Oviedo (Enfermería, Obstetricia, Nutrición y Kinesiología y Fisioterapia).

Este tipo de dictamen sienta un precedente y conspira contra el proceso de depuración de ofertas académicas que funcionan al margen de los cánones mínimos de calidad.

Por lo demás, deja al ente rector con las manos atadas a la hora de intentar aplicar la Ley sobre las centenares de carreras que evaden los filtros de control académico.