11 oct 2026

Comunican al JEM la segunda causa contra juez de Paz

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Rodrigo Estigarribia, juez.

El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, que interina a su colega Humberto Otazú, comunicó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la segunda causa contra el juez de Paz de Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, de modo que procedan a su desafuero para poder ser procesado.

Con ello, ya le dio trámite a la imputación presentada por la fiscala Karina Caballero, por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso contra el magistrado en lo que se conoce como la mafia de los pagarés, respecto a la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

Igualmente, el juez admitió la imputación contra los imputados Arnaldo Rafael Maciel Riveros, Wilma Mercedes Cabrera, Blas Emilio Mora, Pedro Adolfo Olmedo, Gustavo Adolfo Díaz, Gustavo Omar Cartes y María Belén Cartes, todos imputados por lesión de confianza, apropiación y producción de documentos públicos de contenido falso.

Asimismo, contra las actuarias del Juzgado de Paz de Recoleta, Gloria Isabel Morínigo Gill y Rosa del Pilar Lezcano Correa, a más de la ujier notificadora Ingrid Natalia Prette. Todas ellas imputadas por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.

Igualmente, fijó las audiencias de imposición de medidas cautelares para el 3 de junio, desde las 08:00, para Maciel, Cabrera, Mora y Olmedo. Para el 4 de junio, están citados Díaz, tanto Gustavo como María Belén Cartes, y Gloria Isabel Morínigo.

Finalmente, para el próximo 5 de junio, están citados para la imposición de medidas cautelares, la ujier Ingrid Prette y la actuaria Rosa del Pilar Lezcano.

Recordemos que la fiscala solicitó las medidas alternativas a la prisión, con la imposición de cauciones reales adecuadas.

La denuncia fue formulada por un grupo de socios de la citada asociación por el desvío de los cobros de las deudas, las demandas hechas por créditos ya cancelados, entre otros. Se habla de un perjuicio patrimonial a la entidad de G. 5.541.026.492, así como del daño a los socios.

Las resoluciones serán notificadas a los imputados por parte del Juzgado.

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